Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
Durante meses nos dijeron que los datos personales de los colombianos eran sagrados. Que no podían caer en manos de privados ni de gobiernos extranjeros. Que había riesgos enormes, incluso electorales. Fue el argumento estrella del Gobierno para tumbar la licitación de los pasaportes, desacreditar a Thomas Greg & Sons y justificar una crisis institucional sin precedentes. Hoy, con la firma de un convenio con Estados Unidos para compartir esa misma información, ese discurso se derrumba sin que nadie dé la cara.
La controversia estalló por cuenta de unas declaraciones de Kristi Noem, quien, además de señalar que Petro habría defendido la necesidad de tener más amor y comprensión con quienes integran las filas del Tren de Aragua, reveló que Colombia se comprometió a compartir datos personales con su país. Más allá de discutir si las declaraciones sobre la organización criminal del Tren de Aragua sí se hicieron o si deberíamos creerle al presidente que negó que ese fuera el sentido de sus expresiones, quiero que hablemos del acuerdo para entregar los datos personales administrados por Colombia sobre nacionales y migrantes.
Aunque el acuerdo completo no se conoce, el objetivo es claro: cooperación para el intercambio de información, incluidos datos biométricos de nacionales y extranjeros. Y con eso basta. Basta para entender que aquí no hay coherencia, ni principios, ni defensa de ninguna soberanía.
¿Cómo se explica esto? ¿No era este el Gobierno que prometía que los datos de los colombianos no saldrían del país por ningún motivo? ¿El que acusaba sin pruebas a una empresa que por años manejó ese proceso sin tacha? ¿El que dijo que se jugaba la soberanía digital y la seguridad electoral?
Todo ese discurso, hoy lo sabemos, fue una excusa. No hubo una verdadera política pública. Hubo cálculo político, improvisación, y mucha narrativa para la galería. Lo de la “soberanía” fue útil mientras servía para atacar a alguien. Pero cuando se trató de firmar acuerdos con una potencia extranjera, nadie protestó.
Es un recuerdo de la incoherencia de esta Gobierno. Porque una cosa es cambiar de opinión, y otra muy distinta es engañar a la gente. No se puede decir que los datos personales están en riesgo si los maneja un privado, y al mismo tiempo entregarlos sin rubor a otro Estado. No se puede levantar una bandera ética y después guardarla en un cajón sin dar explicaciones.
Para el Gobierno Nacional la soberanía de los datos no era tan importante, después de todo. Lo importante, al parecer, era tener a quién culpar, a quién atacar, a quién bajarse del camino. Lo demás —la coherencia, la verdad, los principios— puede esperar.
