Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En múltiples ocasiones, hemos sido testigos de escándalos protagonizados por funcionarios que, al final de sus mandatos, apresuran la firma de contratos en horarios inusuales. Un caso emblemático es el de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, quien, entre el 2 y el 6 de marzo de 2023, suscribió 104 contratos por motivos personales, a pesar de haber acordado su salida del cargo para el 13 de ese mes.
Esta práctica se ha vuelto común entre ciertos gobernantes y mandos medios que, anticipando su salida del poder y sin perspectivas de continuidad política, se apresuran a asumir compromisos que probablemente evitarían si su línea política tuviera asegurada la sucesión. Es lógico pensar que nadie, en su sano juicio, dejaría a un aliado político con las manos atadas. Sin embargo, esta lógica está equivocada. El único criterio que debería prevalecer al asumir compromisos en cargos públicos es la viabilidad futura de la entidad que se administra temporalmente.
En El Liberal, hemos dedicado las últimas semanas a cubrir noticias económicas que evidencian cómo el Gobierno ha intentado, sin éxito, ocultar el incumplimiento de la regla fiscal para no deteriorar aún más su imagen ante entidades financieras nacionales e internacionales. Hace ocho días, informamos que el Gobierno admitió haber sobreestimado las proyecciones de recaudo, inflando los ingresos esperados. ¿Qué implica esto?
Estas acciones sugieren que el Gobierno, al igual que alguien que desea realizar un viaje que no puede costear ni financiar, opta por contar una “inocente mentira” al banco para obtener un préstamo, con la esperanza de resolver el problema más adelante, aunque esto implique sacrificios significativos. Es la misma lógica de: “Hoy como caviar y el resto del mes, atún enlatado”.
El problema de esta mentalidad, cuando se trata de la administración de recursos públicos, es que se vuelve perversa cuando el gobernante prioriza el presente sin considerar el futuro, bajo la creencia de que las próximas elecciones excluirán a su corriente política. ¿Por qué? Porque, en última instancia, no es un grupo político el que tendrá que “comer atún enlatado” todo el mes; somos todos los colombianos.
Si esta es la realidad, y espero estar equivocado, es fundamental que los analistas de las entidades de cooperación internacional y la banca, tanto nacional como internacional, no se presten al juego. No deberían permitir que el Estado colombiano asuma deudas que, en los próximos gobiernos, obliguen a recortar incluso el funcionamiento básico para pagar lo que se gasta hoy sin consideración del futuro.
Es muy importante que los gobernantes comprendan que su responsabilidad trasciende el corto plazo y que sus decisiones financieras afectan a toda la nación. La sostenibilidad fiscal y el bienestar de los ciudadanos deben estar por encima de intereses políticos o personales.
