Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
El Congreso de la República acaba de aprobar una ley que debería llenarnos de orgullo como sociedad: la prohibición de la ablación o mutilación genital femenina. No es cualquier noticia. Es, sin duda, una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos en materia de derechos humanos. Porque cuando una niña es mutilada, no solo se atenta contra su cuerpo. Se mutila también su dignidad, su libertad, su futuro.
Durante años, esta práctica violenta y profundamente dolorosa ha sido justificada bajo argumentos culturales, rituales o tradicionales. Pero la costumbre nunca puede ser excusa para la violencia. Jamás. Y lo que esta nueva ley hace es trazar una línea clara: en Colombia no hay espacio para prácticas que violenten a las niñas y mujeres bajo el disfraz de la tradición.
La ablación no es un procedimiento médico. No tiene ningún beneficio para la salud. Al contrario, es una agresión que deja marcas físicas, emocionales y psicológicas para toda la vida. Se realiza, en muchos casos, sin anestesia, sin higiene, en medio del miedo, del dolor y del silencio. Es un acto que niega la autonomía, la sexualidad, el placer y hasta la vida misma.
Por eso, esta ley no es solo una norma. Es una señal potente, un mensaje claro del Estado: protegeremos a nuestras niñas, sin excepciones. No hay contexto cultural que lo justifique. No hay argumento que lo defienda. No hay tradición que pese más que la vida y la dignidad de las mujeres.
Quienes impulsaron esta ley merecen todo el reconocimiento. Pero también quienes han alzado la voz durante años: líderes y lideresas sociales, mujeres que sobrevivieron a esta práctica y con coraje compartieron su historia, organizaciones que han luchado por cambiar la realidad de muchas comunidades. Gracias a ellas, hoy el país da un paso firme hacia una Colombia más justa.
Esto, sin embargo, no puede quedarse en el papel. Se necesita pedagogía, presencia institucional, acompañamiento en los territorios. No basta con sancionar: hay que educar, dialogar, transformar. Porque muchas veces, quienes practican la ablación no lo hacen por maldad, sino por desconocimiento o por presión social. Y ahí es donde el Estado tiene que estar: con respeto, pero con firmeza. Escuchando, pero sin ceder en lo fundamental.
Cada niña en Colombia merece crecer sin miedo, sin violencia, sin que se le arrebate lo que es suyo. Con esta ley, estamos un paso más cerca de lograrlo. Y eso hay que celebrarlo. Porque hay batallas que, cuando se ganan, no solo cambian normas: salvan vidas. Y esta, sin duda, es una de ellas.
