Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La reciente caída de la reforma tributaria y el rechazo al presupuesto nacional configuran un panorama económico que amenaza con profundizar la incertidumbre en el país. El desenlace de estos debates legislativos refleja no solo la falta de consensos en el Congreso, sino también una desconexión entre las prioridades del Gobierno y las capacidades reales de la nación para afrontar las dificultades económicas.
Una nueva reforma tributaria, de haberse aprobado, habría sido una carga injusta para una ciudadanía que ya enfrenta altos niveles de inflación, desempleo y una economía estancada. La narrativa gubernamental de financiar programas sociales con impuestos progresivos chocó con una realidad que no puede ignorarse: la base económica del país se encuentra debilitada, y las clases medias y bajas no tienen margen para más sacrificios.
Sin embargo, la caída del presupuesto nacional agrava aún más la situación. Este rechazo pone de manifiesto la desfinanciación de proyectos esenciales para el desarrollo del país y deja a las claras la necesidad de tomar decisiones económicas profundas y valientes. Aquí es donde surge un dilema que el Gobierno no puede seguir evitando: o se activa Ecopetrol como motor financiero o se aceptan los recortes drásticos en sectores sensibles para la población.
Encender Ecopetrol implica volver a darle protagonismo a la locomotora económica que durante décadas ha sido un pilar de estabilidad fiscal. Sin embargo, esto requiere dejar de lado la retórica antiextractivista que ha marcado el discurso oficial y reconocer que, en el corto plazo, los hidrocarburos siguen siendo fundamentales para garantizar el equilibrio económico. Pretender sustituir esta fuente de ingresos de manera inmediata es una quimera que ya ha demostrado sus limitaciones en otros países.
Por otro lado, los recortes presupuestales serían una medida extrema pero inevitable si no se encuentra una fuente sólida de financiación. Esta opción, aunque dolorosa, debería guiarse por principios de eficiencia y austeridad, priorizando los sectores que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, como la salud, la educación y la infraestructura básica.
El país enfrenta una encrucijada económica que exige pragmatismo y visión de futuro. No es momento de discursos grandilocuentes ni de promesas vacías; es el momento de actuar con responsabilidad y priorizar el bienestar colectivo sobre las ideologías. Cada día que pasa sin tomar decisiones concretas, la economía se hunde un poco más en un pantano del que será más difícil salir. El Gobierno debe elegir, y debe hacerlo ya.
