Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La movilización de ayer en Popayán es el reflejo de una realidad que no puede seguir normalizándose. La violencia contra las mujeres y las personas diversas ha sido una constante en el conflicto armado colombiano, pero hoy, en un escenario donde la guerra se ha degradado y los actores armados se sostienen con la economía de la coca y el lenguaje de las armas, el panorama es aún más aterrador.
El feminicidio de Gloria Cecilia Quilindo Casamachín es una expresión de esa brutalidad. Según el informe ‘Mi Cuerpo es la Verdad’ de la Comisión de la Verdad, más de 10,864 mujeres fueron escuchadas sobre los actos intolerables que sufrieron en el conflicto armado. La violencia sexual fue utilizada sistemáticamente por todos los actores armados como un mecanismo de control y castigo, afectando a miles de mujeres y personas LGBTIQ+ a lo largo del país. El informe revela que estas violencias no fueron hechos aislados, sino parte de estrategias militares y políticas que buscaban sembrar el terror y consolidar el dominio territorial.
El Cauca ha sido uno de los territorios más golpeados. La disputa entre grupos armados no solo ha convertido a la población civil en blanco de hostilidades, sino que ha exacerbado la violencia de género. Mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas han sufrido desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y violencia sexual. Como lo documenta la Comisión de la Verdad, el control sobre los cuerpos de las mujeres ha sido una herramienta de guerra utilizada para someter comunidades y marcar territorios.
Las mujeres y las personas diversas han marchado, han exigido justicia, han denunciado con valentía la barbarie que enfrentan. Pero ¿qué respuestas han recibido? Según el informe, la impunidad sigue siendo la norma. A pesar de la gravedad de los hechos, las investigaciones son escasas y las condenas, mínimas. En un país donde los actores armados siguen ocupando territorios y ejerciendo poder en ausencia del Estado, las posibilidades de protección para estas comunidades son prácticamente inexistentes.
El Gobierno del Cambio, tristemente, no ha logrado traducir su slogan de campaña en garantías efectivas para el goce pleno del derecho más básico de todos, la vida. Este gobierno carga sobre sus hombros con la responsabilidad de estar profundizando la deuda histórica con las mujeres y con la población diversa. La protección no puede ser una promesa vacía ni un compromiso burocrático. Sin embargo, hasta el momento no hay respuestas, ni investigaciones ni condenas para la mayoría de los casos que quedan en la impunidad. Se necesita un esfuerzo decidido para desmantelar las estructuras de poder que permiten que la violencia siga repitiéndose. No basta con reconocer los hechos; es imprescindible garantizar justicia y medidas de no repetición.
Ayer, en Popayán, las comunidades indígenas salieron a las calles a decir que basta. A exigir lo que debería ser obvio: justicia, vida y dignidad. Pero la realidad es que su reclamo es también un grito de auxilio. Mientras la guerra continúe alimentándose de la coca, de las armas, de la ausencia de Estado y la falta de una política efectiva de seguridad, la situación de las mujeres y de la población diversa sólo será más precaria. Y si eso no nos indigna como sociedad, entonces estamos condenados a repetir la historia una y otra vez.
