Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La reciente propuesta del Gobierno Nacional para autorizar el uso y adquisición de la hoja de coca y la amapola por parte del Estado plantea serias preocupaciones. Esta iniciativa no solo asume erróneamente que el Estado tiene la capacidad de competir en el mercado ilegal de drogas para adquirir las cosechas de hoja de coca y amapola, sino que también corre el riesgo de repetir los errores cometidos por la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) en Perú.
ENACO, creada con el objetivo de monopolizar la comercialización e industrialización de la hoja de coca en Perú, ha enfrentado múltiples desafíos que han limitado su eficacia. A pesar de su mandato, la empresa ha tenido dificultades para controlar el mercado de la hoja de coca, enfrentándose a una producción ilícita que supera ampliamente su capacidad de adquisición. Según datos de DEVIDA, la producción estimada de hoja de coca en Perú fue de 146,359 toneladas métricas, de las cuales ENACO solo logró captar 1,590 toneladas, representando aproximadamente el 1% de la producción total.
Además, ENACO ha sido objeto de críticas por su gestión financiera y operativa. Informes de medios peruanos han señalado pérdidas significativas en años recientes. Por ejemplo, la empresa reportó pérdidas superiores al millón de soles, es decir doscientos sesenta y tres mil quinientos cuatro dólares (US$263504.61). Estas cifras reflejan una gestión ineficiente y una incapacidad para competir con el mercado ilegal, que ofrece precios más atractivos a los productores.
La propuesta del Gobierno Nacional de ingresar al mercado de la hoja de coca y la amapola enfrenta obstáculos similares. El mercado ilegal de drogas es altamente lucrativo y está controlado por organizaciones con vastos recursos y redes establecidas. La capacidad del Estado para competir en este entorno es cuestionable, especialmente considerando las experiencias negativas de países vecinos. Además, la implementación de un monopolio estatal en la comercialización de estas plantas podría generar conflictos sociales con los productores, quienes podrían percibir al Estado como un competidor más que como un aliado. La falta de infraestructura y experiencia en la gestión de estos cultivos por parte del Estado también representa un desafío significativo.
La iniciativa del Gobierno Nacional de autorizar el uso y adquisición de la hoja de coca y la amapola por parte del Estado debe ser reconsiderada a la luz de las experiencias internacionales, especialmente la de ENACO en Perú. La competencia en el mercado ilegal de drogas requiere una estrategia integral que aborde las raíces del problema, incluyendo alternativas económicas para los productores y medidas efectivas de control y prevención. Repetir errores pasados sin un análisis profundo podría resultar en una gestión ineficaz y en la perpetuación de los problemas asociados al narcotráfico.
