Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En el norte del Cauca, la reciente ola de sabotajes a la infraestructura eléctrica es, cuando menos, desconcertante. En un contexto donde las comunidades dependen de la energía para su vida cotidiana, resulta difícil entender cómo algunos de sus miembros atentan contra la red que les provee ese servicio. Nadie, en su sano juicio, destruiría aquello de lo que depende su bienestar a menos que enfrente presiones externas de gran magnitud.
No es la primera vez que en zonas con fuerte influencia de grupos armados al margen de la ley se presentan este tipo de actos. En regiones donde el control estatal es débil, las dinámicas de poder suelen estar marcadas por intereses ocultos que, de una u otra forma, afectan a las comunidades locales. Estas dinámicas pueden explicar los actos de sabotaje que han dejado sin servicio eléctrico a miles de habitantes de Miranda y han desatado bloqueos en la vía Panamericana, una arteria vital para el suroccidente colombiano.
La clave para entender esta situación no está solamente en los hechos, sino en las preguntas que estos suscitan. ¿Quién se beneficia de la interrupción del servicio eléctrico? ¿Qué intereses están detrás de las conexiones irregulares que generan pérdidas de hasta el 72% de la energía en esta zona? La respuesta a estas interrogantes es fundamental para resolver una problemática que tiene consecuencias tanto locales como regionales.
Los actos de sabotaje no sólo son un ataque a la infraestructura, sino a la estabilidad y el desarrollo de las comunidades. Más allá de las molestias inmediatas, como la falta de luz o agua, el daño a la red eléctrica perpetúa un ciclo de pobreza y dependencia. Las pequeñas empresas pierden ingresos, las escuelas cierran temporalmente, y los centros de salud se ven obligados a operar bajo condiciones críticas. Además, los bloqueos de la Panamericana, provocados por la frustración de los habitantes, impactan gravemente el comercio y la movilidad en todo el suroccidente del país.
Las autoridades deben seguir el rastro de los beneficiarios financieros de las conexiones irregulares. Los sabotajes no son actos aislados ni espontáneos; responden a intereses concretos que deben ser identificados y enfrentados. En ese camino, es probable que salgan a la luz relaciones incómodas entre actores ilegales y redes locales, lo que podría ayudar a desentrañar no sólo quién está detrás de los ataques, sino también las razones que los motivan.
El llamado no es solo a investigar, sino a actuar con determinación. Las comunidades no pueden ni deben quedar a merced de quienes lucran a costa de su bienestar. Los habitantes del norte del Cauca tienen derecho a vivir en condiciones dignas, con un servicio eléctrico estable que les permita desarrollar sus actividades sin interrupciones ni amenazas.
Resolver esta problemática no será fácil, pero es una tarea urgente. Solo cuando se garantice la seguridad de la infraestructura eléctrica y se reduzca la influencia de intereses externos, será posible construir un futuro más justo y próspero para el norte del Cauca y el resto del país. Es hora de que las sombras detrás de estos sabotajes salgan a la luz, y que las respuestas a estas preguntas sean el principio del fin de una crisis que ya ha durado demasiado.
