Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La reciente orden de la Corte Constitucional para ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resalta un hecho que va más allá de una decisión puntual: la institución judicial sigue siendo una de las reservas morales más sólidas de Colombia. Pero esta no es una responsabilidad exclusiva de la Corte Constitucional; recae, también, sobre todos y cada uno de los jueces que, día a día, ejercen su labor con independencia, compromiso y en defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
En un momento en que el Sistema de Salud atraviesa una crisis profunda y la voluntad política del Gobierno Nacional parece insuficiente para adoptar medidas de salvamento efectivas, la Rama Judicial, en su conjunto, ha demostrado ser un contrapeso esencial. Desde los magistrados de los tribunales superiores hasta los jueces locales que enfrentan retos cotidianos en sus territorios, el ejercicio independiente de la justicia es un recordatorio de que la democracia se construye desde muchos frentes, pero su fortaleza radica en instituciones que no claudican.
El ajuste de la UPC no es un capricho técnico. Es una acción necesaria para garantizar la sostenibilidad de un sistema que protege la salud de los colombianos. Sin embargo, esta decisión debe entenderse como un mensaje más amplio: cuando otros poderes del Estado no responden a tiempo o con la diligencia requerida, la Rama Judicial actúa como garante de los derechos y las normas fundamentales.
En El Liberal hemos insistido en la importancia de preservar la independencia de los jueces, no como una concesión, sino como un principio que asegura el Estado de Derecho. La independencia judicial no es solo un atributo de los magistrados de las altas cortes; es una cualidad que pertenece a cada juez que decide con rectitud, que no sucumbe a las presiones externas y que entiende su rol como un pilar esencial para la estabilidad del país.
Colombia es fuerte, en parte, por su sistema judicial. Si bien enfrenta retos, críticas y limitaciones, ha demostrado ser una institución resiliente y comprometida con el bienestar colectivo. La justicia no es perfecta, pero su capacidad para actuar con firmeza y equilibrio en momentos de incertidumbre sigue siendo un baluarte de nuestra democracia.
El Gobierno Nacional debe escuchar este llamado. Es hora de dejar de lado las excusas y actuar con decisión para enfrentar la crisis de salud que afecta a millones de colombianos. Si la justicia ha hecho su parte, recordando al Ejecutivo que los derechos fundamentales no son negociables, ahora es su turno de responder con acciones concretas.
Y, mientras esto ocurre, los jueces municipales, de circuito y los tribunales deberán seguir gestionando la nueva y desbordada demanda de justicia y los engorrosos incidentes de desacato que, hoy en día, abundan en los despacho en contra de las EPS que no tienen los recursos para prestar los servicios que están a su cargo.
