Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, ha asumido en los últimos días un rol de denunciante que, lejos de ser un acto de valentía, se inscribe dentro de una estrategia de venganza. Sus recientes revelaciones sobre las presiones que recibió de Armando Benedetti para nombrar altos cargos en la DIAN, justo después de la victoria electoral de Gustavo Petro, resultan inoportunas, aunque necesarias.
El problema no es la denuncia en sí, sino el momento y el propósito que la rodea. Reyes ha confesado que decidió hablar solo cuando vio inminente su salida del Gobierno, tras lo que considera una campaña de desinformación y persecución por parte del Congreso. Es decir, su disposición a revelar los entresijos de la política burocrática no obedeció a un compromiso con la transparencia, sino a la certeza de que ya no tenía nada que perder. Es una lástima que el compromiso con la legalidad en el servicio público dependa de si se mantiene o no un cargo.
El deber de denunciar no es un asunto opcional ni debe estar sujeto a conveniencias personales. La ley impone a los servidores públicos la obligación de poner en conocimiento de las autoridades cualquier irregularidad de la que tengan conocimiento, sin importar si su posición en el gobierno está asegurada o en riesgo. Cuando la denuncia se posterga hasta que el denunciante es víctima de la misma maquinaria que en su momento toleró, su motivación queda en entredicho.
Más preocupante aún es la selectividad en la denuncia. Reyes ha sido contundente al señalar a Benedetti, pero ha sido cuidadoso en proteger al presidente Petro, evitando que las sombras de la denuncia se extiendan más allá de lo necesario. Esta omisión estratégica permite que el mensaje se diluya en una narrativa que, aunque reveladora, parece diseñada para limitar los daños al alto gobierno. ¿Hasta qué punto se trata de un acto genuino de denuncia y hasta qué punto es una forma de ajuste de cuentas?
El país necesita conocer la verdad sobre la forma en que se han manejado los nombramientos en el actual gobierno, pero no debemos caer en la trampa de exaltar a quien solo denuncia cuando su permanencia en el cargo está en juego. La transparencia y la lucha contra la corrupción requieren principios inquebrantables, no actos de último momento motivados por la pérdida de poder. La denuncia es necesaria, pero la lealtad a la verdad no debería depender de las circunstancias personales del denunciante.
