Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La crisis del gas que enfrenta Colombia hoy no solo era predecible, sino también evitable. Desde hace varios años, se planteó la construcción de una planta regasificadora en Buenaventura, con el objetivo de garantizar el suministro de gas natural necesario para activar las generadoras térmicas, las cuales se usan como respaldo cuando las hidroeléctricas enfrentan dificultades por bajos niveles de agua, especialmente en periodos de sequía como el fenómeno de El Niño.
Este plan era crucial para evitar el escenario actual, donde las plantas térmicas han tenido que operar a máxima capacidad debido a la crítica reducción en los niveles de los embalses. Según datos recientes, el nivel de los embalses ha alcanzado mínimos históricos, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico. Aunque las térmicas están diseñadas para actuar como un respaldo temporal, su uso prolongado sin una infraestructura adecuada para la importación de gas ha incrementado significativamente los costos de producción de energía, lo que inevitablemente se traduce en tarifas más altas para los consumidores.
El gobierno, sin embargo, ha omitido la adopción de medidas preventivas asociadas a dicha regasificadora, así como la ampliación de la infraestructura de exploración de gas, lo que ha exacerbado la crisis. A pesar de las advertencias de expertos en el sector energético y de entidades como Ecopetrol sobre la inminente escasez de gas natural, no se tomaron las decisiones necesarias para mitigar estos riesgos. Esto ha obligado a Colombia a depender cada vez más de la importación de gas a precios más elevados, incrementando aún más el costo de vida para los hogares colombianos.
Esta situación refleja una incoherencia en la política energética del país. Mientras se busca alinearse con un discurso ambientalista, prescindiendo de la explotación de nuevos yacimientos de gas, los efectos de esta postura caen directamente sobre la población, que ahora debe enfrentar tarifas de energía cada vez más elevadas. Colombia no es un gran contaminador en el contexto global, y, sin embargo, las decisiones de política ambiental, muchas veces más dogmáticas que prácticas, están generando un costo elevado para los consumidores y amenazan con empeorar la crisis energética.
La crisis del gas que vive el país hoy pudo haberse evitado con una mayor planificación y acción oportuna. Las decisiones que no se tomaron en su momento han llevado a una situación donde los más afectados son los hogares colombianos, quienes enfrentan un alza en sus facturas de energía en un contexto de incertidumbre energética.
