Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La vía Panamericana volvió a ser bloqueada. Otra vez. Esta semana, con una frecuencia casi ritual, distintos grupos decidieron que la mejor forma de hacerse oír era cerrando el paso a miles de personas que transitan por el suroccidente del país. El lunes fueron las disidencias del CRIC, reclamando que el río de recursos que llega a sus comunidades se lo queda una sola organización. Hoy, en el sector de Cuatro Vientos, entre Santander de Quilichao y Popayán. Para hoy mismo, además, se había anunciado una movilización desde el Cañón del Micay, en rechazo a la militarización de la zona.
Y uno se pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la vía que conecta al suroccidente con el resto del país se convierta en un campo de batalla, en un instrumento de chantaje permanente, donde se bloquea primero y se dialoga después?
No se trata de desconocer las dificultades que enfrentan algunas comunidades. Pero lo que se está haciendo es destruir los puentes que permiten resolver los problemas. Este año, el daño más grave podría ser el que se le haga a uno de los patrimonios culturales, religiosos y turísticos más importantes del país: la Semana Santa de Popayán.
¿Quién responde por ese daño? ¿Quién responde por los artesanos que puedan vender? ¿Por los cocineros que puedan ver reducidos los clientes? ¿Por los guías que tengan problemas para encontrar a quién guiar? La Semana Santa, además de su dimensión espiritual, es un motor económico clave para Popayán y el Cauca. Y este año, no debería permitirse que estos actos terminen por ahuyentar la confianza, el turismo, la inversión y la esperanza.
El problema no es solo la protesta, es su forma. Y es la pasividad del Gobierno Nacional, que no ha sido capaz de establecer límites claros ni consecuencias reales. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie, los transportadores, los empresarios pequeños y medianos, y los trabajadores informales siguen siendo rehenes del desgobierno y la falta de autoridad.
Esto no puede seguir siendo normal. No podemos acostumbrarnos a que cada semana haya una razón distinta para cerrar la Panamericana. El Estado no puede permitir que se tomen las vías como si fueran propiedad privada de quien protesta más fuerte. La democracia se defiende con diálogo, sí, pero también con firmeza. El derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a trabajar, a movilizarse, a vivir.
¿Cuántos editoriales más? ¿Cuántas quejas más? ¿Hasta cuándo?
