Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El Cauca, en las últimas horas, ha vuelto a ser el escenario de una violencia que no da tregua y que amenaza con seguir escalando si no se toman medidas inmediatas. Una moto bomba en Argelia, comunidades enteras confinadas en Silvia por enfrentamientos entre grupos armados y atracos en plena vía Panamericana son solo algunas de las manifestaciones de la compleja y desgarradora realidad que enfrenta el departamento. Mientras esto ocurre, el presidente Gustavo Petro decide priorizar su presencia en Haití, dejando en evidencia una desconexión preocupante con la urgencia que vive el suroccidente colombiano.
El panorama en el Cauca no es nuevo, pero la intensidad y frecuencia de los hechos violentos reflejan un deterioro que no puede ignorarse. Este departamento, históricamente marginado y sometido a la voluntad de actores armados, parece encaminarse hacia un destino similar al del Catatumbo, donde la confrontación entre disidencias y el ELN ha sumido a la población en un ciclo interminable de terror y desolación. No se trata solo de cifras alarmantes ni de titulares de prensa; son las vidas de miles de caucanos las que están en juego, y el abandono del Estado, que debería ser un protector y garante, es cada vez más evidente.
La visita que el presidente canceló la semana pasada al corregimiento de El Plateado debió reprogramarse de inmediato, no como un gesto protocolario sino como un acto de responsabilidad política y ética. No se puede permitir que el Cauca siga cayendo en la espiral de violencia sin que haya una reacción contundente y estratégica por parte del Gobierno Nacional. Las comunidades afectadas no necesitan más discursos; necesitan presencia estatal efectiva y coordinada que demuestre que su vida y bienestar importan.
Pero la presencia, por sí sola, no basta. La estrategia debe ser integral, empezando por la recuperación de la confianza en las instituciones. Los caucanos han aprendido a sobrevivir en medio del abandono y la indiferencia, pero reconstruir esa confianza requiere garantizar lo más básico: la seguridad y la vida. La única manera de lograrlo es con una política clara y firme, que combata la criminalidad, atienda las necesidades de las comunidades y cierre los espacios a la violencia que por años han sido ocupados por quienes han convertido el Cauca en su territorio de guerra.
Es inadmisible que, mientras las comunidades sufren confinamientos, explosiones y el azote de la inseguridad, la agenda presidencial apunte en direcciones que parecen ignorar la emergencia. Haití, con toda su tragedia, no puede ser una prioridad mayor que atender la catástrofe que se está gestando en casa. Las decisiones que tome el Gobierno en este momento determinarán si el Cauca tiene una oportunidad de recuperar la paz o si seguirá sumido en la penosa historia de confrontación que han vivido regiones como el Catatumbo.
El presidente Petro tiene el deber de voltear la mirada hacia el Cauca con urgencia. No basta con firmar acuerdos o hablar de paz si no hay un compromiso real por garantizar condiciones de vida dignas para quienes habitan este departamento. El Cauca necesita un gobierno que actúe, no solo que prometa.
