Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
Desde el inicio del mandato del presidente Gustavo Petro, el país ha sido testigo de una serie de intentos por transformar el modelo social y económico de Colombia a través de reformas de gran calado. Sin embargo, más allá de las discusiones sobre su viabilidad, el gran obstáculo que ha enfrentado el gobierno ha sido su falta de gobernabilidad y capacidad para construir consensos en el Congreso. Tras más de dos años de choques con su propia coalición, discursos incendiarios y la constante descalificación de quienes se oponen a su agenda, el gobierno parece haber optado finalmente por un camino pragmático: la negociación con el Congreso.
Pero este giro estratégico no llega solo. Con él, comienzan a revelarse escándalos que generan más dudas que certezas sobre la manera en que se está gestionando el poder. El más reciente involucra al Instituto Nacional de Vías (Invías), donde la Fiscalía General de la Nación ha compulsado copias a la Corte Suprema de Justicia para investigar a 28 congresistas por su presunta participación en un entramado de corrupción. La denuncia de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, ha puesto sobre la mesa la sospecha de direccionamiento de contratos en favor de determinados sectores políticos. No es un caso aislado, sino una muestra más de un patrón que se repite en diferentes entidades del Estado.
Este escándalo ocurre justo cuando el gobierno ha decidido adoptar un tono más conciliador para salvar las reformas sociales del presidente Petro, como la de salud y la laboral. Si antes de este cambio pragmático ya teníamos casos de corrupción en entidades como la UNGRD y, ahora el INVIAS, ¿qué podemos esperar ahora que el Ejecutivo necesita con urgencia mayorías en el Congreso? Es inevitable preguntarse si la negociación con los legisladores está ocurriendo bajo las reglas del juego democrático o si, por el contrario, está siendo facilitada a través de mecanismos opacos que comprometen la transparencia de la gestión pública.
La experiencia reciente nos obliga a ver con escepticismo el camino que está tomando el gobierno. En estos meses finales del mandato, cuando se pretende avanzar con reformas estratégicas, la tentación de utilizar recursos públicos para garantizar respaldos legislativos es alta. No sería la primera vez que los grandes debates del Congreso se ven atravesados por escándalos de corrupción, pero sí preocupa que la administración actual, que llegó con la promesa del cambio y la transparencia, termine siendo recordada por su permisividad frente a las peores prácticas de la política que, desde el mismo gobierno, denominan como “tradicional”.
El país no necesita reformas aprobadas a cualquier costo ni negociaciones que hipotequen la institucionalidad en el corto y mediano plazo. La ciudadanía tiene derecho a exigir un debate honesto, con criterios técnicos y sin interferencias indebidas. De lo contrario, lo que parecía ser una transformación estructural terminará convertida en un simple reparto de poder bajo nuevas etiquetas. El pragmatismo en la gestión pública puede ser una herramienta legítima, pero no puede ser la coartada perfecta para la opacidad y la corrupción. Colombia merece algo mejor.
