Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La reciente propuesta del ELN de implementar acuerdos parciales mientras continúan las negociaciones de paz es un camino peligroso para el Estado colombiano. Aunque la idea de soluciones inmediatas para las comunidades afectadas pueda parecer razonable, aceptar esta metodología significaría someter al Estado a los intereses de un grupo armado que mantiene intactas sus armas y su control territorial.
El problema esencial de esta propuesta es la asimetría que genera. Mientras el Estado asume compromisos concretos, el ELN conserva su capacidad militar y su influencia, lo que consolida su poder en las regiones que domina. Esto no solo debilita la autoridad estatal, sino que legitima al ELN como un actor político mientras mantiene intacta su estructura armada. La historia reciente de Colombia demuestra que los acuerdos de paz sin desarme real son frágiles y tienden a perpetuar ciclos de violencia.
Permitir que el ELN obtenga concesiones sin desmovilizarse refuerza la desconfianza en el proceso de paz y pone en riesgo la legitimidad del Estado. Los territorios donde este grupo tiene influencia necesitan presencia estatal, no acuerdos diseñados bajo la sombra de las armas. La paz no puede construirse mientras una de las partes imponga sus condiciones por la fuerza.
El gobierno de Gustavo Petro tiene una responsabilidad histórica: garantizar que el diálogo con el ELN sea un camino hacia la paz y no un retroceso. Esto implica rechazar metodologías que fortalecen al grupo armado mientras subordinan al Estado. Si bien es importante avanzar hacia la solución de problemas inmediatos en las comunidades afectadas, esto debe hacerse bajo la premisa del desarme y con un Estado fortalecido.
La implementación de acuerdos parciales en estas condiciones no es un avance, sino una amenaza a la soberanía y al orden democrático. Colombia necesita una paz que respete la legalidad, priorice la justicia y asegure una desmovilización completa. No es momento de ceder al chantaje armado, sino de construir un proceso sólido que beneficie a todos los colombianos, y no solo a quienes imponen condiciones desde la violencia. El gobierno tiene el reto de actuar con firmeza y evitar que el país sea rehén de propuestas que profundicen el conflicto en lugar de resolverlo.
