Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En una decisión que ignora, deliberadamente, la gravedad de la crisis en el sistema de salud, el Gobierno Nacional decretó un incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 que está lejos de responder a las necesidades reales del sector. Este ajuste, limitado al 5,36%, resulta insuficiente frente a un sistema desfinanciado que el propio ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, reconoció ante la Corte Constitucional. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad de fortalecer el sistema, el Gobierno opta por un discurso simplista que reduce el problema a una narrativa de buenos y malos.
El argumento del Ejecutivo parece apoyarse en los hallazgos de malos manejos de recursos por parte de algunas entidades y en los escándalos por pérdidas de dineros públicos. Pero esta justificación, aunque válida en términos de control fiscal, desvía la discusión central: ¿cuánto necesita el sistema para garantizar que ningún colombiano se quede sin acceso a los medicamentos o tratamientos que requiere? En ciudades como Popayán, donde cada día se observan largas filas de personas esperando por servicios y medicamentos esenciales, el impacto de esta decisión es brutalmente tangible.
Mientras en Bogotá los debates sobre la salud pública se concentran en descalificaciones ideológicas, en las regiones son los pacientes los que pagan el precio de la inacción. Quienes no pueden costear un tratamiento particular enfrentan un sistema colapsado, donde la falta de recursos se traduce en tratamientos interrumpidos, cirugías aplazadas y diagnósticos tardíos. Para ellos, el discurso político es irrelevante frente a la angustia de no recibir la atención médica que necesitan.
El problema no es solo técnico ni financiero; es ético. Decidir cuánto se invierte en la salud de la población no puede depender de cálculos que antepongan el costo fiscal sobre el derecho fundamental a la vida. Más aún, no puede justificarse bajo la premisa de que un mayor flujo de recursos se perderá por malos manejos. Es responsabilidad del Gobierno no solo financiar el sistema adecuadamente, sino también garantizar que esos recursos se administren de manera transparente y eficiente.
Lo más preocupante de esta decisión es que parece aceptar como normal la desfinanciación del sistema de salud. En lugar de ser un punto de partida para rediseñar políticas y buscar soluciones sostenibles, se convierte en una excusa para no invertir lo necesario. Este es un mensaje peligroso: aceptar que las carencias son inevitables y que quienes las sufran tendrán que arreglárselas como puedan.
En Popayán, la situación es un reflejo de una problemática nacional. Las filas interminables y las quejas constantes de los usuarios no son episodios aislados, sino la expresión más cruda de un sistema que se resquebraja. Y, mientras tanto, el Gobierno opta por debatir desde la comodidad de las generalidades, sin abordar los detalles críticos de lo que significa garantizar el derecho a la salud para todos.
La salud no puede seguir siendo un campo de batalla para discursos polarizantes. Debe ser un espacio para consensos, donde lo importante no sea ganar un debate político, sino asegurar que ningún colombiano quede desprotegido. Es hora de que el Gobierno enfrente este desafío con responsabilidad y deje de esconderse tras discursos que solo alimentan la división. Porque, mientras tanto, en las filas de hospitales y farmacias, quienes esperan no necesitan promesas ni discursos, sino soluciones reales y urgentes.
