Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En el marco de las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Popayán, resulta llamativo observar cómo algunos proyectos de acuerdo reciben un trámite veloz, mientras otros, de igual o mayor urgencia, permanecen congelados. Es el caso del proyecto relacionado con el Impuesto de Delineación Urbana, una iniciativa que, en el contexto de la actual crisis del sector de la construcción, debería ocupar un lugar prioritario en las discusiones de los concejales.
El sector de la construcción atraviesa una de las coyunturas más difíciles de los últimos años. La suspensión del programa Mi Casa Ya, que brindaba subsidios a miles de familias para acceder a una vivienda propia, no solo ha dejado un vacío en la política de vivienda nacional, sino que ha incrementado las dificultades de un sector que, en tiempos de bonanza, es una de las mayores fuentes de empleo y dinamización económica. Ahora, con esta crisis, el impacto social es directo y palpable: familias que soñaban con una vivienda digna ven desvanecerse esa posibilidad, mientras la economía local enfrenta una desaceleración preocupante.
En este contexto, el proyecto de acuerdo sobre el Impuesto de Delineación Urbana es una oportunidad para que el Concejo Municipal tome decisiones responsables que contribuyan a mitigar los efectos de la crisis. Esta propuesta busca ajustar las exorbitantes tarifas actuales, que en Popayán llegan a ser hasta doce veces más altas que el costo de la misma licencia de construcción, un despropósito que encarece proyectos y desincentiva las inversiones en vivienda.
Sin embargo, el trámite de esta iniciativa permanece estancado, mientras otros proyectos avanzan con sorprendente agilidad. Esto pone en cuestión las prioridades del Concejo y su capacidad para responder a las necesidades más urgentes de la ciudadanía. No se trata solo de un ajuste técnico en las tarifas de un impuesto; es un tema que toca el corazón del desarrollo social y económico de Popayán. La construcción de vivienda no es solo una actividad económica; es un acto de justicia social que impacta directamente en la calidad de vida de las familias más vulnerables.
El Concejo tiene la responsabilidad de ser un espacio donde las decisiones se tomen con base en el interés colectivo y no en agendas particulares o diferencias políticas. Es fundamental que esta discusión se dé de manera inmediata, con la seriedad y el compromiso que exigen las circunstancias actuales. Mientras otros municipios han entendido que, en tiempos de crisis, flexibilizar sus cargas tributarias puede ser la llave para reactivar su economía, Popayán no puede darse el lujo de quedarse rezagada.
Las sesiones extraordinarias son, precisamente, una herramienta para atender lo urgente. La crisis del sector de la construcción y sus repercusiones sociales no admiten más dilaciones. El Concejo de Popayán tiene en sus manos la posibilidad de enviar un mensaje contundente: que entiende la magnitud de la crisis, que está comprometido con sus ciudadanos y que es capaz de tomar decisiones que permitan, al menos, aliviar en algo los efectos de esta situación.
