Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal
Cuando el presidente Gustavo Petro dijo por primera vez aquello de “Chu, chu, chu, EPS”, lo hizo en tono de burla, como si fuera un simple juego de palabras. Pero el resultado no tuvo nada de jocoso. Detrás de ese sonido infantil, lo que se desató fue una ofensiva sistemática contra el sistema de salud que, aun con sus falencias, venía sosteniendo la vida y el tratamiento de millones de colombianos.
Hoy, luego de un desplome en la ejecución del nuevo modelo, con adultos mayores haciendo filas para acceder a sus medicamentos y pacientes crónicos sin continuidad en sus tratamientos, la improvisación ha cobrado su precio. A pesar de las advertencias, el gobierno insistió en destruir sin construir, en desmantelar sin diseñar con rigor. Y ahora, en esta segunda temporada del “Chu, chu, chu”, el turno es para el sector energético.
Los nuevos “enemigos” del gobierno nacional son las empresas generadoras de energía. El relato, tan seductor como peligroso, sugiere que las altas tarifas y los problemas de cobertura no obedecen a décadas de decisiones complejas ni a una red de subsidios impagados, sino a la mera avaricia empresarial. Lo que antes fue la narrativa de “las EPS se roban la plata”, ahora es “las generadoras exprimen al pueblo”.
Pero hay una diferencia de fondo: esta vez, la apuesta no solo es populista, sino también electoral. Siguiendo el libreto del plebiscito del 2016, Petro parece convencido de que la gente vota más cuando está emberracada. Entonces, la estrategia no es proponer soluciones técnicas ni fomentar consensos, sino sembrar desconfianza, exacerbar la polarización y buscar que en cada familia haya un enemigo imaginario al cual culpar: el empresario, el vecino que piensa distinto, el medio que cuestiona.
Este no es el camino de la reconciliación, ni de la paz, y mucho menos el del desarrollo. Para avanzar como país se necesita algo más que indignación: se requiere decisión para tender puentes, voluntad de construir sobre lo ya hecho, capacidad de escuchar al contradictor.
Frente a esta embestida, ¿qué camino queda para las empresas del sector energético, y en general para cualquier actor privado que sea señalado como enemigo por el gobierno? La respuesta debe comenzar por el arraigo. Por entender que la legitimidad no solo se construye en los balances financieros o en los informes regulatorios, sino también en la relación cotidiana con las comunidades.
El gran dilema, sin embargo, sigue siendo el mismo: las tarifas energéticas. Son la mayor fuente de resistencia social y, en un ambiente de confrontación, es poco probable que bajen. ¿Habrá que esperar hasta el 2026 para que, con un nuevo gobierno, las condiciones cambien y se abra paso el diálogo? Tal vez. Pero en el mientras tanto, será clave no dejar que nos reduzcan a dos bandos irreconciliables. Este país es más que un “conmigo o contra mí”. Y el futuro no puede depender de una consigna en tono de mofa.
