Por Alejandro Zúñiga Bolívar
La reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar el subsidio a la tasa de interés de los créditos otorgados por el ICETEX ha generado una profunda preocupación entre miles de estudiantes y egresados en Colombia. Esta medida, justificada por la “compleja situación fiscal” que atraviesa el país, implica que los beneficiarios deberán asumir tasas de interés que oscilarán entre el 12,2% y el 17,2% efectivo anual, incrementando significativamente el valor de sus cuotas mensuales. Para muchos, este aumento supone la diferencia entre continuar sus estudios o verse obligados a abandonarlos.
Si bien es legítimo que el Gobierno apueste por una educación pública, gratuita y de calidad, no puede ignorar la realidad actual: miles de jóvenes han encontrado en la financiación del ICETEX la única vía para acceder a la educación superior, especialmente en instituciones privadas donde la oferta pública es insuficiente. Es una falacia suponer que la educación pública puede, de la noche a la mañana, absorber la demanda de estudiantes que hoy se educan con créditos. El Estado, con su capacidad limitada de cobertura, no ha garantizado cupos suficientes en universidades públicas, y mucho menos ha mejorado sus condiciones de acceso y permanencia.
Por años, el subsidio a la tasa de interés fue una forma de reconocer que, aunque el acceso a la educación superior no estaba plenamente garantizado por el Estado, al menos se podía evitar que el costo de educarse se convirtiera en una carga insostenible. Hoy, la eliminación de estos alivios financieros deja a un grupo significativo de jóvenes en una situación de vulnerabilidad, bajo el argumento de que el futuro se construirá con una estrategia diferente. Pero este enfoque de “sacrificar a unos pocos por un bien mayor” olvida que se trata de miles de jóvenes con sueños, aspiraciones y voluntad de progreso. Dejar atrás a quienes han apostado por la educación como su mejor herramienta de cambio no puede estar justificado bajo ninguna circunstancia.
El panorama es aún más grave si se considera que esta decisión contrasta con las promesas realizadas durante la campaña presidencial de 2022, donde se planteaba la condonación de las deudas del ICETEX y una transformación del sistema de créditos educativos. La realidad actual muestra un giro de 180 grados, generando descontento y desilusión entre la comunidad estudiantil, que ve cómo se endurecen las condiciones de pago en un contexto económico ya de por sí difícil. Para muchos egresados que ya enfrentaban dificultades para pagar sus créditos, este aumento representa un golpe adicional que compromete seriamente su estabilidad financiera.
El ICETEX, una entidad que por años ha sido vista con recelo debido a sus históricas tasas de interés y mecanismos de cobro, ahora se convierte en un problema aún mayor. La eliminación de subsidios agrava una situación que, en vez de mejorar, se vuelve insostenible para quienes ven en la educación la única posibilidad de cambiar su realidad. La educación, lejos de ser un privilegio, debería ser un derecho accesible para todos, sin que esto implique endeudarse de por vida.
Es fundamental que el Gobierno reevalúe esta medida y busque alternativas que no perjudiquen a quienes, en medio de las dificultades, han apostado por la educación como motor de progreso personal y colectivo. La construcción de un sistema educativo más inclusivo y equitativo debe considerar las necesidades y realidades de todos los actores involucrados, sin dejar a nadie atrás. No se puede hablar de una transformación estructural de la educación sin primero garantizar que los estudiantes actuales no sean los primeros perjudicados en el camino hacia ese cambio.
El país no puede permitirse una generación de jóvenes que, en lugar de mirar con esperanza su futuro profesional, se vean atrapados en deudas impagables o, peor aún, obligados a abandonar sus estudios. El costo de la educación en Colombia sigue siendo alto, pero el costo de no actuar a tiempo puede ser aún mayor.
