Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
Cada territorio en Colombia tiene su propia dinámica social, política y cultural, lo que determina las particularidades de los conflictos que enfrentan. Cauca y Catatumbo son escenarios que, aunque comparten ciertas similitudes en cuanto a violencia, desigualdad y presencia de grupos armados, también tienen diferencias sustanciales que condicionan las respuestas que el Estado debe adoptar. Sin embargo, con el reciente anuncio de la declaratoria de conmoción interior para enfrentar la crisis del Catatumbo, es inevitable cuestionarnos por qué decisiones similares no se han tomado para abordar los cruentos hechos de violencia que afectan al Cauca.
El Departamento del Cauca enfrenta una crisis humanitaria profunda. Además de las masacres, los desplazamientos y la presencia de grupos armados ilegales, está liderando un fenómeno moralmente insostenible: el reclutamiento infantil. Las cifras son alarmantes, y cada caso representa una vida truncada, un futuro robado. Mientras tanto, en el Catatumbo, la violencia se manifiesta en enfrentamientos entre actores armados por el control del territorio, con una población civil atrapada en medio de minas antipersonal, desplazamientos forzados y economías ilegales, circunstancias no muy diferentes a las de nuestro departamento.
El Estado de Excepción, como la conmoción interior, otorga facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para responder a situaciones que amenazan gravemente el orden público. Pero, ¿es esta la medida adecuada? El ex presidente Juan Manuel Santos, en una reciente entrevista con la W, recordó que durante su mandato se enfrentaron situaciones igualmente complejas sin recurrir a esta figura. Esta postura abre un debate necesario: ¿hasta qué punto el Estado de Excepción es una solución real y sostenible, y qué tanto responde más bien a una impresión de urgencia política?
En el caso del Cauca, ¿habría sido pertinente declarar también una medida de esta naturaleza? La violencia en el Departamento ha alcanzado niveles insostenibles, con comunidades enteras sometidas al control de grupos armados, poblaciones enteras carnetizadas y liderazgos sociales que son víctimas de la violencia. Sin embargo, la falta de claridad en cómo se implementarían las facultades excepcionales en una declaratoria de este tipo genera más preguntas que respuestas.
El anuncio de la conmoción interior para el Catatumbo debe ser seguido de una explicación detallada sobre cómo se usarán estas facultades para mejorar la situación en el terreno. De lo contrario, la medida podría terminar siendo más simbólica que efectiva, dejando intactas las causas estructurales del conflicto. Este mismo principio aplica para cualquier debate sobre su aplicación en el Cauca: si no hay un plan claro, con objetivos concretos y un enfoque en los derechos humanos, no habrá estado de Excepción que logre revertir la crisis.
El Cauca y el Catatumbo enfrentan retos comunes y particulares, pero ambos representan la urgencia de un Estado que actúe con coherencia, determinación y, sobre todo, con resultados. La declaratoria de medidas excepcionales no puede ser un fin en sí mismo. Debe ser un medio para construir soluciones reales, y es aquí donde el Gobierno tiene el desafío de demostrar que estas decisiones son algo más que respuestas políticas pasajeras. Para el Cauca, que vive una crisis humanitaria compleja y prolongada, esta reflexión resulta no sólo pertinente, sino urgente.
