Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declarando improcedente la solicitud de medidas provisionales en favor del presidente Gustavo Petro, es un recordatorio de que las instituciones internacionales tienen un carácter subsidiario, no interventor. Este fallo es motivo de satisfacción porque reafirma que son las instituciones colombianas las llamadas a resolver los asuntos internos del país, como debe ser en cualquier democracia funcional.
Desde hace tiempo, hemos sido testigos de un esfuerzo concertado por parte del presidente Petro por usar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un arma política para reforzar su narrativa polarizante. Ya sea para justificar actuaciones controvertidas o para deslegitimar a sus opositores, el presidente ha intentado convertir a este foro en un tribunal de opinión más que en el órgano protector de derechos humanos que está diseñado para ser.
Este intento de instrumentalización es preocupante, porque va en contravía de la esencia misma del sistema. La CIDH y la Corte IDH no existen para resolver disputas políticas internas ni para ser utilizadas como extensiones de discursos gubernamentales. Su papel es garantizar que los Estados respeten los derechos humanos cuando las instancias internas han fallado en hacerlo. Por eso, resulta tan importante que la Corte haya dejado claro, con su decisión, que el caso presentado no cumple con los requisitos de gravedad y urgencia que justificarían una medida provisional, y que las instituciones colombianas son plenamente competentes para abordar estos temas.
Colombia, con todas sus dificultades, no es un Estado fallido. Contamos con un sistema judicial robusto, con mecanismos que, aunque perfectibles, están diseñados para resolver conflictos internos. Cuando se pretende recurrir directamente a instancias internacionales para asuntos que deben tramitarse en el país, lo que se está haciendo no es solo un desprecio por las instituciones nacionales, sino también una falta de respeto por el principio de subsidiariedad que rige el Sistema Interamericano.
El fallo de la Corte no solo frena este intento de instrumentalización, sino que también nos invita a reflexionar sobre el uso responsable de los mecanismos internacionales. Es un recordatorio de que la legitimidad de estas instituciones depende de su capacidad para actuar con imparcialidad y para no dejarse arrastrar por agendas políticas internas.
El problema del Presidente Petro es que la justicia de nuestro país está sirviendo de contrapeso, como debe ser en las democracias funcionales. Ese contrapeso le estorba y creyó que podría utilizar las instituciones internacionales como arma en contra de quienes hacen su tarea de servir de contrapeso al poder. Es el colmo que el presidente de un Estado prefiera el intervencionismo que aceptar que vive en democracia, con controles judiciales y ajustar su actuación a nuestra constitución y la ley.
