Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
El borrador de decreto que propone regular el uso estatal de la hoja de coca y la amapola, publicado recientemente por el Gobierno Nacional, es una respuesta que aspira a cambiar la narrativa del problema de los cultivos ilícitos en Colombia. Sin embargo, detrás de la aparente innovación, el documento evidencia una desconexión preocupante con la realidad de la violencia y el narcotráfico en departamentos como el Cauca, donde los usos ilícitos de estas plantas han sido históricamente el combustible de conflictos armados y economías ilegales.
El gobierno plantea que el uso estatal de estas plantas puede contribuir a su aprovechamiento lícito y debilitar el control de las estructuras criminales sobre las cadenas de producción. No obstante, esta propuesta ignora los complejos incentivos económicos, sociales y criminales que sostienen el narcotráfico. Pensar que habilitar un mercado estatal para la hoja de coca resolverá el problema estructural de los cultivos ilícitos es, como mínimo, ingenuo y, en el peor de los casos, un desvío peligroso de recursos y esfuerzos que deberían estar dirigidos a soluciones integrales.
El corazón del problema no radica en la hoja de coca o la amapola en sí, sino en las rentas ilícitas generadas por sus usos ilegales. Estas rentas son el eje que sostiene la violencia en el Cauca, permitiendo a los grupos armados al margen de la ley financiar sus actividades, controlar territorios y perpetuar el ciclo de inseguridad. El decreto, en su forma actual, no aborda este núcleo del problema. Por el contrario, corre el riesgo de crear una narrativa superficial en la que la legalización parcial de estas plantas se presenta como una solución mágica, ignorando las complejidades del mercado ilícito que opera en paralelo.
La propuesta de comprar toda la producción cocalera por parte del Estado tampoco es realista. El gobierno no tiene la capacidad financiera ni logística para competir con los incentivos económicos que ofrece el narcotráfico a los productores. Además, incluso si pudiera adquirir toda la producción, ello no eliminaría los factores estructurales que perpetúan el cultivo: la falta de alternativas económicas viables, el abandono estatal y la presencia de actores armados que imponen su control sobre las comunidades.
La verdadera discusión debe centrarse en cómo eliminar las rentas ilícitas asociadas al narcotráfico y no en cómo competir con ellas. Esto implica un enfoque más integral que incluya la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos agrícolas sostenibles y rentables, una mayor inversión en infraestructura y desarrollo rural, y la aplicación rigurosa de la justicia para desmantelar las redes criminales que lucran con estos cultivos.
El borrador del decreto es un intento de responder a una problemática histórica con una solución que no ataca su raíz. El Estado necesita reconocer que el control de los cultivos de coca y amapola es, ante todo, un problema de seguridad y desarrollo, y que cualquier estrategia debe estar alineada con el fortalecimiento de las instituciones, la generación de oportunidades económicas y el restablecimiento de la legalidad en los territorios.
El Cauca, como muchas regiones de Colombia, no necesita más paliativos o propuestas que parezcan innovadoras pero carezcan de impacto real. Necesita un compromiso sólido con soluciones estructurales que enfrenten las verdaderas causas del problema. La hoja de coca y la amapola no son, en sí mismas, el enemigo, pero el narcotráfico que se alimenta de ellas sí lo es, y ahí es donde se debe enfocar la acción del Estado.
