Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La suspensión de los subsidios del programa Mi Casa Ya, confirmada a través de la Circular Número 0012 emitida por el Fondo Nacional de Vivienda, marca un golpe contundente a las aspiraciones de miles de colombianos de acceder a vivienda propia. En el caso de Popayán, esta decisión representa un riesgo significativo para el dinamismo económico y social de la región.
El documento oficial justifica la medida argumentando la coyuntura presupuestal del Estado y un entorno macroeconómico que, según el Gobierno, favorece el acceso a créditos hipotecarios gracias a tasas de interés más bajas y una inflación proyectada a la baja. Sin embargo, esta visión ignora el impacto estructural que la eliminación de estos subsidios tiene en un sector como el de la construcción, fundamental para la generación de empleo y el desarrollo económico local.
En Popayán, el sector de la construcción ha sido un motor de desarrollo en los últimos años, con proyectos que han dinamizado la economía regional y generado empleo para miles de personas. La suspensión de los subsidios no solo dificulta los cierres financieros de los proyectos en curso, sino que también amenaza con desacelerar una industria que ya venía enfrentando retos importantes. Esta situación podría traducirse en un aumento del desempleo y en una reducción del consumo local, afectando a familias que dependen directa o indirectamente de la actividad constructora.
Además, la construcción no es solo una actividad económica; también es una herramienta para transformar realidades sociales. Cada vivienda construida representa un sueño cumplido, una familia que encuentra estabilidad y una comunidad que se fortalece. En este sentido, programas como Mi Casa Ya no son simples subsidios, sino inversiones en el futuro del país.
La suspensión también pone en evidencia una postura gubernamental que privilegia los giros directos a la ciudadanía sobre las políticas que involucran al sector privado. Si bien es válido repensar el modelo de subsidios, la decisión de eliminar una herramienta que ha demostrado ser eficaz para movilizar la economía y garantizar derechos fundamentales parece miope y desarticulada.
En el contexto actual, donde el acceso a la vivienda sigue siendo un reto para muchas familias, el Gobierno tiene la responsabilidad de buscar soluciones que no comprometan el desarrollo económico y social de regiones como Popayán. La construcción, como pocos sectores, tiene un impacto multiplicador en la economía, generando empleo y dinamizando cadenas productivas. Sacrificar este potencial en aras de una visión fiscalista pone en riesgo no solo la estabilidad económica, sino también el bienestar de miles de ciudadanos.
Es urgente que se reconsidere esta decisión y se abran espacios de diálogo entre el Gobierno, los gremios y las comunidades afectadas. Popayán no puede permitirse perder un sector tan crucial para su desarrollo. La vivienda no es solo un techo; es un cimiento para construir futuro. Y para Popayán, cada subsidio que se pierde es una oportunidad menos de seguir creciendo.
