Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
La reciente aprobación del proyecto de acuerdo que establece plazos, descuentos y exenciones en los impuestos predial e industria y comercio para el 2025, ha desatado una controversia que merece nuestra atención. Sin embargo, este espacio no está dedicado a analizar la existencia o no de vicios legales en el trámite de dicho proyecto; esa será una discusión que abordaremos con mayor profundidad en nuestras próximas ediciones. Lo que aquí nos ocupa es la falta de rigor con la que fue estudiada una iniciativa de tal envergadura en el Concejo Municipal de Popayán.
No es nuevo que el Concejo se vea abocado a evacuar, en simultáneo, múltiples proyectos de acuerdo en sesiones extraordinarias. Lo preocupante es que esta situación se repita sin la suficiente capacidad de análisis. En el caso que nos ocupa, el tiempo destinado para revisar, debatir y tomar decisiones sobre un tema tan crucial para la economía local fue escaso. No podemos conformarnos con que las propuestas sean despachadas con premura solo porque el ejecutivo lo demanda.
Las exenciones en el predial y en el impuesto de industria y comercio, así como los plazos y los descuentos, no son temas menores. Estas decisiones impactan directamente en las finanzas del municipio y en los bolsillos de los ciudadanos. Especialmente después de la desastroza actualización catastral, que dejó a miles de propietarios en Popayán enfrentando valoraciones elevadas de sus predios. Corregir ese desastre es una de las tareas urgentes que enfrenta el Concejo, pero resulta evidente que la velocidad no es una aliada cuando se trata de analizar con seriedad las alternativas.
El problema radica en la dinámica que se ha instaurado en el funcionamiento del Concejo. La costumbre de trabajar bajo presión, con un calendario tan apretado, dificulta el estudio serio y exhaustivo de cada propuesta. Si bien es cierto que la administración necesita que los proyectos avancen, esto no puede ser excusa para que el órgano legislativo de la ciudad renuncie a su responsabilidad de estudiar a fondo las implicaciones de sus decisiones.
La fiscalización de los impuestos es uno de los pilares sobre los que se sostiene el desarrollo local, y estos temas merecen un tratamiento más pausado y meditado. No se trata simplemente de votar proyectos por cumplir con los tiempos del ejecutivo, sino de pensar en el impacto a largo plazo que estas decisiones tendrán en la ciudadanía y en las finanzas de Popayán.
Si existieran vicios en el trámite por discusiones que hubieran podido ser analizadas con un trámite más pausado, es claro que los que pagan el precio del afán no son los concejales ni el alcalde que los fustiga a correr. Son los ciudadanos que pueden perder una norma que, en algunos de sus apartes, le brinda alivios económicos frente a los impuestos locales.
