La correcta gestión y protección de los bienes públicos es una responsabilidad central de las autoridades locales, y en particular, de la Secretaría General del Municipio. Estos bienes no son simples activos; son recursos que pertenecen a toda la ciudadanía y, como tales, deben ser administrados con un énfasis en el interés general. La tenencia y buen uso de estos bienes debería ser una prioridad, tanto para garantizar su conservación como para evitar su explotación indebida por particulares.
El caso de la cooperativa COOPIMAO y los predios del Municipio es un claro ejemplo de cómo la falta de control y de supervisión rigurosa puede dar lugar a situaciones problemáticas. Desde hace ya varios años, se ha denunciado que algunos predios del municipio, que deberían estar bajo la administración pública, se encontrarían, presuntamente, bajo el uso y explotación de particulares sin la debida autorización. Este hecho, que debería haber generado una reacción inmediata y contundente por parte del Secretario General, parece haber sido relegado o, al menos, no atendido con la diligencia que la situación amerita.
Han pasado ya nueve meses de esta administración y es difícil comprender cómo, ante la presunta ocupación y explotación económica de bienes públicos por parte de terceros, la Secretaría General no ha actuado con la firmeza que exige el caso. La presunta ocupación de los predios en el sector de La María ya venía siendo advertida y denunciada por la comunidad, es decir, es un tema que ha estado en la agenda pública, y sin embargo, hasta ahora no se ha visto una respuesta efectiva que salvaguarde los intereses del Municipio.
Lamentablemente, parece que la diligencia del Secretario General en materia de desalojos se ha reservado para otros casos, y no precisamente para aquellos en los que se denuncia a ocupantes que, presuntamente, han mostrado incumplimiento o uso indebido de los predios municipales. Un caso reciente que pone en evidencia esta paradoja es el pretendido desalojo de la inquilina de la cafetería de la Alcaldía, una arrendadora que, para ese entonces, había cumplido con todas sus obligaciones durante años. Mientras que a ella se le ha aplicado la ley con todo su rigor, quienes son señalados como ocupantes irregulares de predios del Municipio continúan sin mayores consecuencias.
Esta falta de coherencia en la Secretaría General respecto de los bienes públicos debería pellizcarnos. Si es cierto que los bienes públicos están siendo explotados por particulares sin que haya un control adecuado, no solo se está vulnerando el derecho de la comunidad a beneficiarse de esos recursos, sino que se está enviando un mensaje errado sobre la importancia de la legalidad y el buen uso del patrimonio municipal.
Es urgente que las autoridades locales, y en especial la Secretaría General, asuman con mayor diligencia su papel de guardianes del patrimonio público. Los predios del municipio deben estar bajo un control estricto, asegurando que su uso esté alineado con el bienestar colectivo y no con los intereses de unos pocos. No puede quedar en el ambiente que al cumplido se le saca y, en los casos de abusos, se voltea a mirar a otro lado.
