El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la prisión preventiva de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la UNGRD, tras negarles la detención domiciliaria solicitada por la Fiscalía.
El Tribunal Superior de Bogotá dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, respectivamente, por su presunta participación en un entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, de la Sala Penal del Tribunal, resolvió que no se cumplían los requisitos legales para conceder detención domiciliaria, por lo que dispuso que ambos exfuncionarios permanezcan privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.
La decisión del tribunal se conoce en el marco de una investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación, que imputó a Bonilla y Velasco por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, relacionados con el direccionamiento de contratos y recursos públicos.
Según el ente acusador, los exministros habrían tenido un papel protagónico en la gestión de contratos con recursos de la UNGRD e incluso del Instituto Nacional de Vías (Invías), con el presunto objetivo de influir en la aprobación de proyectos de ley y obtener “apoyos políticos” a favor del Gobierno.
La magistrada consideró que la detención domiciliaria no era idónea ni suficiente y dispuso la medida de aseguramiento intramural para Bonilla y Velasco mientras avanza la investigación penal.
Aunque semanas atrás la Fiscalía había solicitado prisión domiciliaria para los exjefes de cartera, el Tribunal consideró que esta medida no era suficiente dadas las características del caso y la posibilidad de que la libertad de los investigados pudiera entorpecer la investigación, por lo que impuso la detención preventiva en un centro carcelario.
La investigación ha sido uno de los procesos de corrupción de mayor resonancia en el país en 2025, especialmente por la magnitud de los recursos implicados y por el presunto uso de dineros públicos en estrategias políticas dentro del Congreso.
La Fiscalía ha presentado pruebas según las cuales Bonilla y Velasco habrían gestionado decenas de proyectos por más de 600.000 millones de pesos, entre la UNGRD y el Invías, como parte del esquema investigado.
En respuesta a la medida, tanto Bonilla como Velasco han negado las acusaciones, y sus defensas han anunciado la presentación de recursos de apelación y otros mecanismos legales para impugnar la decisión del Tribunal.
La Procuraduría General de la Nación también se pronunció en el proceso, respaldando en parte los argumentos de la Fiscalía, aunque en una etapa anterior había apoyado la posibilidad de detención domiciliaria.
El caso ha generado reacciones políticas y mediáticas en diversas esferas, incluso marcando un nuevo foco de discusión sobre la lucha contra la corrupción en altos cargos del Estado. El presidente Gustavo Petro se ha referido al proceso, señalando que corresponde a la justicia avanzar en el esclarecimiento de los hechos sin prejuzgar responsabilidades.
La medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá no equivale a una sentencia condenatoria, sino que busca garantizar que los exministros respondan ante el proceso judicial y se eviten interferencias en el desarrollo de la investigación.
