El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, promulgó este martes en la ciudad de Popayán la Ley 2568 de febrero de 2026. Esta norma reforma los artículos de financiación de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de fortalecer el presupuesto de las universidades públicas, instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU) del país.
Durante el acto oficial, se estableció que la nueva legislación reemplaza el modelo de asignación de recursos vigente desde hace más de treinta años. Bajo la normativa anterior, el presupuesto de las instituciones de educación superior crecía con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, el Gobierno Nacional y los actores del sector señalaron que este indicador resultaba insuficiente, pues mide el incremento en el costo de productos y servicios básicos como alimentos o transporte, pero no refleja los gastos reales de la academia.
Un cambio en la fórmula presupuestal
La Ley 2568 introduce el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) como el nuevo referente para el aumento de los ingresos de las instituciones públicas. A diferencia del IPC, el ICES reconoce los gastos específicos del sector, entre los que se encuentran:
Mantenimiento y dotación de laboratorios.
Procesos de investigación científica.
Modernización de infraestructura física y tecnológica.
Nivelación y pago de salarios para docentes.
Procesos de formalización laboral para trabajadores administrativos y académicos.
La normativa proyecta el crecimiento de la inversión pública en función del Producto Interno Bruto (PIB). La meta establecida a largo plazo consiste en alcanzar una inversión equivalente al 1 % del PIB en educación superior pública, cifra que alinearía al país con los estándares de inversión de la región. Esta iniciativa recibió el concepto de viabilidad por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se fundamenta en el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo.
El Ejecutivo calificó este paso como el avance de mayor relevancia en las últimas décadas para la superación de problemas en la estructura financiera del sistema educativo.
Impacto en la cobertura y acceso
El jefe de Estado presentó un balance sobre el incremento de la matrícula durante el periodo actual de gobierno. Según las cifras oficiales, desde el inicio del mandato en 2022 se sumaron 347.710 nuevos cupos adicionales en el sistema público. Este aumento permitió que la tasa de acceso a la educación superior pasara del 54,9 % en 2022 al 60 % al cierre de 2025.
Frente a estos resultados, el mandatario impartió instrucciones al ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, para elevar la meta de cobertura. El objetivo fijado por la Presidencia es alcanzar los 400.000 estudiantes nuevos al finalizar el presente periodo de gobierno y proyectar la creación de medio millón de cupos adicionales durante la vigencia del actual Plan de Desarrollo.
Declaraciones sobre la paz y la sociedad
En su intervención en la capital del Cauca, el presidente Petro vinculó el fortalecimiento de la educación pública con la estabilidad social del país. El mandatario afirmó que el acceso al conocimiento constituye la base para la construcción de la paz y el desarrollo de una nación fundamentada en su diversidad. Según el jefe de Estado, la formación académica y el fomento de la lectura en la juventud actúan como mecanismos para la reducción de la violencia y la consolidación de una sociedad con capacidades intelectuales para la resolución de conflictos.
La firma de esta ley en Popayán es el resultado de un proceso de concertación que incluyó a estudiantes, docentes, rectores y diversos colectivos del sistema educativo. Los representantes de las universidades públicas manifestaron que la reforma permite saldar una deuda en la financiación y garantiza la sostenibilidad de las instituciones frente a la creciente demanda académica en los territorios.
Desafíos y formalización laboral
Además del cambio en los indicadores de precios, la Ley 2568 incorpora recursos destinados al cierre de brechas regionales. Esto implica que las instituciones ubicadas en departamentos con menor capacidad instalada recibirán apoyos para mejorar sus sedes y ampliar su oferta de programas. Asimismo, se contempla una partida presupuestal para la formalización laboral, buscando reducir la vinculación temporal de los docentes y otorgar estabilidad a las plantas de personal de las universidades e ITTU.
Con la entrada en vigencia de esta norma, el Gobierno Nacional asegura que el país transita hacia un modelo de educación superior pública sólida y acorde con las necesidades de desarrollo. La transición del IPC al ICES representa, según el Ministerio de Educación, el fin de un déficit progresivo que limitó la operación de las universidades durante tres décadas.
‘Le cumplimos al movimiento estudiantil’: MinEducación
Sobre la reforma a la Ley 30 de 1992, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, aseveró que el Gobierno del Cambio les ha cumplido a los estudiantes.
“Hoy le cumplimos al movimiento estudiantil y al país. Con la reforma financiera a la Ley 30 de 1992 transformamos el modelo de financiación de la educación superior pública. Por instrucción del presidente Gustavo Petro, destinamos recursos históricos, muy superiores a los exigidos en las calles, para garantizar que la universidad pública se fortalezca y que ningún joven vuelva a quedar por fuera por falta de dinero”, dijo el titular de la cartera de Educación.
Además, el ministro puso de relieve que “no vamos a retroceder a épocas de persecución ni de silencios forzados: la educación es un derecho, no un negocio; la juventud es el espíritu del cambio”.
Al explicar la magnitud de la norma, Rojas destacó que la fórmula para garantizar el aumento histórico al presupuesto de la educación superior se multiplicó hasta cinco veces lo que pedían en su momento los estudiantes.
“El presidente Gustavo Petro dio una instrucción perentoria: reformar el modelo de financiación de la educación pública. Nosotros no aumentamos lo que pedían las marchas de entonces, un IPC+1,5 puntos o un IPC+4 puntos. El presidente Petro ordenó un ajuste del IPC+30 puntos, es decir, 5 veces más de lo que pedía el movimiento estudiantil”, especificó.
En un momento emotivo de sus palabras, el ministro expresó a los estudiantes que ya es hora de cambiar los cánticos.
“Ya no son los tiempos en que decíamos ‘no dejemos privatizar la universidad pública’, porque ya no la pueden privatizar. Ahora debemos gritar y cantar defendamos lo que hemos logrado gracias al cambio y prolonguemos este cambio para que nadie nos devuelva al pasado”, concluyó Rojas ante los gritos efusivos de los universitarios.
