En un giro drástico que redefine el futuro de la salud en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha ordenado formalmente el inicio del proceso de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran bajo intervención estatal.
La decisión se sustenta en cifras alarmantes: las deudas acumuladas de estas entidades superan ya los 32 billones de pesos. Durante su anuncio, Petro fue tajante al diagnosticar el estado del sector: “Hoy todas las EPS están quebradas”. Según el Ejecutivo, la acumulación de pasivos y los problemas estructurales de gestión han creado un nudo gordiano donde la sostenibilidad es inexistente y el traslado de afiliados entre entidades es “casi imposible normativamente”.
Un impacto sobre 23 millones de colombianos
La magnitud de esta liquidación no tiene parangón en la historia reciente del país. Las ocho EPS señaladas —Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca— concentran a cerca de 23 millones de usuarios. Esto representa aproximadamente el 43% de la población nacional, que ahora queda a la expectativa de cómo se garantizará su derecho a la salud en plena transición.
La medida, fundamentada en una crisis de inviabilidad financiera sin precedentes, marca el punto de no retorno para un modelo de aseguramiento que, según el mandatario, ha agotado su capacidad de operación.
El Gobierno ha dejado claro que esta medida no es solo una respuesta a la falta de liquidez, sino una postura política y ética frente al manejo de los recursos públicos. Petro aseguró que “no se debe seguir ayudando a los dueños privados de las EPS”, señalando presuntos manejos indebidos de fondos y fallas sistemáticas en la administración privada del dinero estatal.
El desplome de la Nueva EPS
El caso más crítico y emblemático de esta crisis es el de la Nueva EPS. Siendo la entidad con mayor número de afiliados (10,8 millones), sus indicadores financieros muestran un deterioro vertical. Entre 2022 y 2025, su deuda escaló un 198%, pasando de 5,42 billones a la astronómica cifra de 21,37 billones de pesos.
Este descalabro financiero ha tenido un impacto directo en la atención al ciudadano:
El patrimonio de la entidad cayó a un saldo negativo de 6,25 billones.
Las quejas de los usuarios aumentaron más de un 107% solo en el último año.
Los embargos judiciales contra la entidad ya superan los 2 billones de pesos.
Incertidumbre en la atención y la red hospitalaria
A pesar de que el Gobierno sostiene que los indicadores de salud pública se mantienen estables, expertos y gremios del sector han encendido las alarmas. Advierten que una liquidación masiva podría desencadenar una parálisis en la red de hospitales y clínicas (prestadores), que dependen de los pagos de estas EPS para operar. La principal preocupación radica en la continuidad de tratamientos de alto costo, la entrega de medicamentos y la congestión de los servicios de urgencias durante el proceso de transición.
En cuanto a las deudas pendientes, el Ejecutivo mantiene una postura firme: no reconocerá deudas con las EPS privadas, salvo en el caso de la Nueva EPS, debido a la participación estatal en su composición. Para mitigar el impacto, se ha ordenado al Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) evaluar la asignación de recursos específicos para cubrir las obligaciones más críticas.
Este anuncio abre un capítulo de profunda incertidumbre institucional. Mientras el Gobierno avanza en su plan de desmantelar el modelo actual, el país observa con cautela si el Estado tendrá la capacidad de asumir la gestión directa de casi la mitad de sus habitantes sin que el sistema colapse en el intento.
