El proyecto, que buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto Nacional de 2026, fue archivado definitivamente en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara.
En un revés significativo para el Gobierno de Gustavo Petro, el Congreso de la República archivó en la mañana de este martes la Ley de Financiamiento, pieza clave de la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba conseguir $16,3 billones para cubrir el déficit del Presupuesto General de la Nación de 2026.
Tras varias semanas de dilaciones y maniobras políticas, la iniciativa fue negada en las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes. La votación definitiva se dio en la Comisión Cuarta del Senado, donde la ponencia positiva fue rechazada con nueve votos en contra y solo cuatro a favor. De acuerdo con la ley, el hundimiento en una sola de las células legislativas es suficiente para que el proyecto quede archivado de manera definitiva, impidiendo que las demás comisiones continuaran con el debate.
Ni siquiera los ajustes de última hora, que incluían la promesa del Ministro de Hacienda, Germán Ávila, de revisar la carga tributaria sobre productos sensibles como la cerveza y la gasolina, lograron persuadir a la mayoría opositora en la comisión, sellando el destino del proyecto.
La reacción del presidente Petro: “odio político”
El presidente Gustavo Petro no tardó en lamentar la caída de la reforma, utilizando su cuenta de X para expresar su frustración y crítica al Legislativo.
“El hundimiento de la ley financiera, como era predecible, no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional,” escribió el primer mandatario. Petro argumentó que, ante un déficit fiscal, “nadie cuerdo puede decir que no se debe obtener más recursos de una economía que está boyante y de unos megarricos que han duplicado sus utilidades gracias al encarecimiento de la deuda pública”.
El presidente dirigió críticas directas a los senadores que representan a las minorías que votaron en contra: Paulino Riascos, del movimiento afrodescendiente, y Richard Fuelantala, del movimiento indígena. Petro advirtió que lo que hicieron “para salvar megarricos de sus aportes nacionales se devolverá contra los pueblos negros e indígenas”.
Insistió en su compromiso de proteger a las clases menos favorecidas. “Si la crisis no la pagan los ricos la pagarán los pobres, mientras nosotros seamos gobierno no dejaremos que la paguen los pobres, punto. Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”, sentenció Petro, alertando sobre las consecuencias fiscales inmediatas.
Opiniones divididas en el congreso
La caída de la ley generó reacciones encontradas incluso dentro de los partidos aliados del Gobierno. La Representante a la Cámara por Alianza Verde y defensora del Ejecutivo, Olga Lucía Velásquez, lamentó que la votación estuviera “motivada por intereses políticos” y pasara por alto los posibles beneficios para la ciudadanía. Velásquez criticó que no se permitiera una discusión exhaustiva: “Lo ideal hubiese sido discutir artículo por artículo y eliminar lo que consideraran que se debía eliminar”.
En contraste, la senadora Angélica Lozano, copartidaria de Velásquez pero con una postura crítica frente a la reforma, celebró el hundimiento. “Colombia necesita un pacto fiscal claro”, afirmó Lozano, argumentando que la reforma estructural debe enfocarse en cambios que no dependan del IVA, un impuesto regresivo. Además, se refirió a la posibilidad de que el presidente invoque un decreto de emergencia económica, descartando tal opción: “Hacerlo sería contravenir la Constitución del país,” pues la emergencia solo se justifica en momentos “catastróficos e imprevisibles”.
La votación en la Comisión Cuarta del Senado, con un claro balance antipetrista, sepultó la iniciativa, desatando una fuerte reacción del presidente Petro, quien lamentó el “odio político por encima del interés nacional”.
La negación del proyecto era un riesgo latente. Durante las semanas previas, las comisiones económicas de la Cámara, con mayoría petrista, intentaron ganar tiempo al romper el cuórum, esperando que el Gobierno pudiera negociar con la oposición en el Senado.
A esta estrategia se sumó la presión constante del presidente en X, quien alertó sobre las consecuencias de archivar la ley. La semana pasada, Petro había advertido que “si el Congreso rechaza la ley de financiamiento, el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G. Eso desploma la economía”. También defendió que la iniciativa solo afectaría a los ultrarricos.
Mientras tanto, en paralelo, algunos congresistas promovían un “salvavidas” financiero alternativo, la llamada Ley de Reactivación Económica, que buscaría subsanar el faltante del presupuesto de $547 billones. Aunque logró pasar el primer debate, su futuro es incierto debido al apretado calendario legislativo que finaliza el 16 de diciembre.
Desde el Ministerio de Hacienda, el director de Política Macroeconómica, Cristian Cruz, fue categórico al señalar que la propuesta alternativa “no resulta compatible” con la necesidad de ingresos permanentes del país. Cruz advirtió que Colombia requiere una “reforma tributaria estructural y al gasto” y que la Ley de Reactivación Económica, al no generar recursos permanentes, podría agravar el déficit fiscal. El hundimiento de la Ley de Financiamiento deja al Gobierno con un hueco fiscal de gran magnitud y sin un camino claro para la financiación del presupuesto de 2026.
