La historia política de Colombia ha marcado un nuevo capítulo este 1 de agosto con la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien se convierte en el primer exmandatario del país hallado culpable en un proceso penal. La juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, lo sentenció a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en concurso homogéneo.

El fallo establece que Uribe deberá cumplir una pena de 144 meses de prisión bajo la figura de arresto domiciliario. Esto significa que el exjefe de Estado cumplirá la condena desde su residencia en Rionegro, Antioquia, conforme al artículo 38B del Código Penal colombiano.
Además de la privación de la libertad, la sentencia incluye una sanción económica equivalente a 2.420,5 Salarios Mínimos Legales Vigentes, así como la inhabilitación para ejercer funciones públicas por un periodo de más de 8 años.
El documento judicial ordena el traslado inmediato de Uribe a su domicilio y la implementación de medidas de vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias correspondientes.
Este caso ha generado un intenso debate en el escenario político nacional e internacional. Mientras sectores afines al Centro Democrático, partido fundado por Uribe, califican el fallo como una persecución política, otros sectores lo consideran un hito en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
La defensa del expresidente ya anunció que presentará recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el próximo 11 de agosto, en un intento por revocar la decisión y preservar la presunción de inocencia de su cliente.
Hasta el momento, Álvaro Uribe no se ha pronunciado públicamente sobre la condena, aunque previamente compartió en redes sociales reflexiones sobre las crisis personales y la importancia del apoyo familiar, en lo que fue interpretado como una alusión anticipada al fallo que se avecinaba.
Esta condena marca un precedente jurídico sin antecedentes en Colombia y reconfigura el papel del poder judicial frente a figuras históricas de la política nacional.