El ente de control designó un equipo para verificar posibles extralimitaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio durante una inspección a Naturgas, en respuesta a denuncias sobre acceso indebido a comunicaciones privadas.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Procuraduría General de la Nación ha decidido intervenir en la reciente controversia entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas). En respuesta a denuncias sobre posibles excesos por parte de la SIC durante una inspección a las instalaciones de Naturgas, el Ministerio Público ha enviado una comisión especial para supervisar y garantizar el respeto a los derechos fundamentales y la legalidad en el procedimiento.
El procurador delegado, Marcio Melgosa, ordenó el despliegue de un equipo de diez funcionarios a la sede de Naturgas. El objetivo principal de esta comisión es recopilar información y documentación que permita evaluar si la SIC actuó dentro de sus competencias o si, por el contrario, hubo extralimitaciones en sus funciones. Esta acción se enmarca en la función preventiva de la Procuraduría, que busca anticiparse a posibles vulneraciones de derechos y asegurar una gestión pública adecuada.
La intervención de la Procuraduría se produjo tras denuncias de que, durante la inspección, funcionarios de la SIC habrían accedido a comunicaciones privadas de la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, incluyendo conversaciones con congresistas. Estas acusaciones han generado preocupación en diversos sectores, ya que podrían implicar una violación al derecho a la privacidad y al debido proceso.
En paralelo, el Consejo Gremial Nacional expresó su inquietud por las actuaciones de la SIC. A través de un comunicado, la entidad solicitó que se garantice el respeto al debido proceso en las visitas administrativas que la Superintendencia realiza a Naturgas y otras empresas del sector. El Consejo enfatizó la importancia de que los gremios sean reconocidos como voceros legítimos de la sociedad civil en un Estado democrático y de libre mercado.
La SIC, por su parte, ha defendido la legalidad de sus procedimientos, argumentando que las inspecciones se realizan en el marco de sus competencias para supervisar y regular el mercado. Sin embargo, ante las denuncias y la intervención de la Procuraduría, la Superintendencia ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones y proporcionar toda la información requerida para esclarecer los hechos.
Este caso ha suscitado un amplio debate sobre los límites de las facultades de las entidades de control y la protección de los derechos fundamentales en el contexto de las actuaciones administrativas. La Procuraduría, en su rol de garante de los derechos y del correcto proceder de las instituciones, buscará determinar si hubo irregularidades en la actuación de la SIC y, de ser así, recomendará las acciones correspondientes para corregirlas y evitar su repetición en el futuro.
Se espera que, tras la recopilación de información y el análisis correspondiente, la Procuraduría emita un informe con sus conclusiones y recomendaciones. Este documento será fundamental para esclarecer los hechos y establecer si se vulneraron derechos durante la inspección de la SIC a Naturgas. Mientras tanto, diversos actores políticos y sociales continuarán atentos al desarrollo de este caso, que podría sentar precedentes en materia de control administrativo y protección de derechos en Colombia.
