La Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgos extremos para la población civil en 45 municipios de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, debido a confrontaciones entre facciones disidentes lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido una alerta temprana dirigida a 45 municipios y tres áreas no municipalizadas en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca. Esta advertencia se debe a los riesgos extremos que enfrenta la población civil por los enfrentamientos entre facciones disidentes de las extintas FARC, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá Córdoba’.
Según la Alerta Temprana 001-25, la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central de las FARC ha derivado en disputas armadas entre estas facciones, afectando gravemente la seguridad de las comunidades en las regiones mencionadas. La Defensoría del Pueblo señala que esta situación ha generado un incremento en las amenazas, desplazamientos forzados y vulneraciones de derechos humanos en estas áreas.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido alertas previas sobre la presencia y actividades de grupos armados ilegales en estas regiones. Sin embargo, la intensificación de las confrontaciones entre las facciones disidentes ha exacerbado la situación de riesgo para la población civil.
En el departamento de Caquetá, por ejemplo, se ha reportado el desplazamiento masivo de familias debido a las amenazas y enfrentamientos entre estos grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades locales y nacionales a tomar medidas urgentes para proteger a la población y garantizar el respeto de los derechos humanos en estas zonas.
La Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades locales y nacionales a implementar medidas urgentes para proteger a la población civil y garantizar el respeto de los derechos humanos en las zonas afectadas. Asimismo, ha solicitado el fortalecimiento de la presencia institucional en estos territorios para prevenir mayores afectaciones y brindar atención integral a las comunidades vulnerables.
La situación es especialmente preocupante en áreas rurales y de difícil acceso, donde la presencia del Estado es limitada y las comunidades se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad frente a las acciones de los grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y emitiendo las alertas necesarias para salvaguardar los derechos de la población civil en Colombia.
