El Ministerio de Hacienda ha publicado el proyecto de decreto del Plan de Austeridad del Gasto para 2025, orientado a optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad fiscal en Colombia.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha dado a conocer el proyecto de decreto que establece el Plan de Austeridad del Gasto para el año 2025. Este plan tiene como objetivo principal optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar la sostenibilidad fiscal del país. El documento estará disponible para comentarios de la ciudadanía desde el 10 hasta el 25 de enero de 2025, según informó la entidad en su página web.
Una de las medidas más destacadas del plan es la restricción en la contratación por prestación de servicios. A partir de 2025, estos contratos sólo serán autorizados cuando las tareas no puedan ser ejecutadas por el personal de planta o cuando se requieran conocimientos altamente especializados. Además, se enfatiza en la necesidad de reducir el gasto asociado a estos contratos en comparación con el año 2024, buscando generar ahorros significativos para la vigencia actual.
El plan también aborda la racionalización de las horas extras y las vacaciones del personal. Se busca que las entidades públicas implementen medidas para limitar las horas extras al mínimo necesario y ajusten las vacaciones de los funcionarios de manera que no afecten la operatividad de las instituciones. Estas disposiciones forman parte del compromiso del Gobierno Nacional, amparado en la Ley 2155 de 2021, de emitir anualmente un Plan de Austeridad del Gasto que promueva eficiencia y efectividad en el manejo de los recursos públicos.
Otra medida relevante es la reducción de los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas. El decreto propone que las entidades evalúen la posibilidad de no renovar contratos de arrendamiento y proceder a la entrega de inmuebles, considerando factores como el costo, la implementación de modalidades de trabajo en casa, teletrabajo y/o trabajo remoto, y las condiciones propias de cada contrato.
La adquisición de bienes muebles e inmuebles también estará sujeta a restricciones. Solo se permitirá cuando sea estrictamente necesaria para el cumplimiento de las funciones misionales de las entidades, previa justificación. Esta medida busca evitar gastos innecesarios y promover una gestión más eficiente de los recursos públicos.
