Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
Las denuncias hechas por el saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, han agregado una nueva y alarmante página al cada vez más extenso expediente de escándalos que rodean al gobierno de Gustavo Petro. Esta vez, los señalados son su hijo adoptivo, Nicolás Petro, y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Ambos habrían participado, según la denuncia de Bonilla por un anónimo, en maniobras políticas y económicas que van desde el presunto favorecimiento de contratos hasta influencias indebidas en decisiones gubernamentales.
Estas acusaciones, sumadas a las ya conocidas sobre Nicolás Petro y el presunto manejo de dinero de dudosa procedencia durante la campaña presidencial, levantan serias dudas sobre la integridad del entorno cercano al mandatario. La gravedad de estas imputaciones no sólo afecta a los implicados, sino que golpea directamente la credibilidad de un gobierno que llegó al poder prometiendo un cambio ético y una lucha sin tregua contra la corrupción.
La situación se torna aún más delicada al considerar la posición de Ricardo Roa en Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. Los rumores de interferencia política en sus decisiones y el uso de su poder para fines ajenos a la empresa ponen en riesgo no solo la reputación de la compañía, sino también la confianza de los colombianos en las instituciones del Estado. Si bien las acusaciones deben ser investigadas, el silencio inicial de Roa y la falta de una respuesta contundente desde la Casa de Nariño resultan inquietantes.
Por otro lado, resulta inevitable cuestionar el rol del presidente Gustavo Petro en todo este entramado. Su discurso de transparencia y reforma se encuentra cada vez más alejado de sus acciones, sobre todo cuando opta por defender a sus aliados o minimizar los hechos en lugar de asumir una postura firme y decisiva contra las irregularidades.
Lo más preocupante es que este escándalo no parece ser un hecho aislado, sino parte de un patrón que sigue minando la esperanza de cambio que millones depositaron en esta administración. Si el gobierno Petro no toma medidas inmediatas y contundentes para esclarecer estos hechos, el costo político y social será enorme. El país no puede seguir bajo la sombra de un gobierno cuya ética está constantemente en entredicho.
Las promesas de un gobierno distinto, limpio y transformador se quedaron en las palabras.
