Sabotajes reiterados a la infraestructura eléctrica en Miranda, Cauca, han dejado sin servicio a miles de usuarios, generando interrogantes sobre las intenciones detrás de estos actos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar
Durante las noches del 27 y 28 de noviembre, el municipio de Miranda, en el norte del Cauca, fue escenario de nuevos actos de sabotaje contra su infraestructura eléctrica, dejando sin servicio a 9.565 usuarios. Según la Compañía Energética de Occidente (CEO), los incidentes consistieron en el lanzamiento de objetos sobre las líneas de transmisión, lo que provocó colapsos en el sistema. Aunque el servicio fue restablecido rápidamente tras el primer ataque, la red volvió a ser objeto de sabotaje la misma noche, afectando zonas rurales, urbanas e industriales.
Estos episodios se suman a un antecedente reciente ocurrido el 5 de noviembre en la misma área, específicamente en la Vereda Guatemala, que dejó a los habitantes sin energía durante tres días. Según el comunicado de CEO, el circuito de Miranda ha sido saboteado en tres ocasiones en menos de un mes, causando enormes perjuicios a la población local.
Los sabotajes coinciden con un contexto de tensión en el municipio, donde las pérdidas de energía en el sector alcanzan el 72%, debido principalmente a conexiones ilegales. El pasado 8 de noviembre, la empresa y la comunidad acordaron trabajar para normalizar estas conexiones, pero la ejecución del plan se ha visto obstaculizada por la división entre los habitantes. Mientras un grupo apoya las medidas de regularización, otro sector de la población se opone firmemente, llegando incluso a sabotear la infraestructura eléctrica para expresar su rechazo.
Aunque no se han identificado responsables concretos, la reiteración de estos ataques ha despertado sospechas sobre posibles intereses ocultos. Los actos de sabotaje no solo afectan el suministro eléctrico, sino que han generado un ambiente de incertidumbre y desconfianza en la región.
Al respecto, voceros de CEO señalaron que, pese a las dificultades, continuarán trabajando para garantizar el servicio. “Reiteramos nuestro compromiso con la comunidad de Miranda para atender sus necesidades energéticas. No obstante, hacemos un llamado urgente a que se genere un consenso que permita avanzar en los acuerdos pactados y evitar nuevos sabotajes”, expresaron en el comunicado oficial.
Las consecuencias de los cortes de energía han ido más allá de la incomodidad de los hogares y las empresas locales. En varias ocasiones, estos incidentes han derivado en bloqueos de la vía Panamericana, una arteria vital para la conectividad del suroccidente colombiano. Habitantes y líderes locales han utilizado esta medida de presión para exigir soluciones a los problemas estructurales que enfrentan en términos de servicios públicos, pero también han señalado la necesidad de que las autoridades investiguen quiénes están detrás de los ataques a la red eléctrica.
Por su parte, el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga Barona, expresó su preocupación por la situación. “Estamos en una posición muy compleja, porque mientras trabajamos en diálogo con las comunidades y la empresa para resolver las pérdidas de energía, estos sabotajes generan una sensación de desconfianza que frena los avances. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se investigue a fondo y se garantice la seguridad de la infraestructura eléctrica”, declaró.
El impacto económico de estos cortes también ha sido significativo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas de Miranda. Según el testimonio de Juan Manuel Ortega, dueño de una panadería local, “perder el servicio eléctrico incluso por unas horas nos deja en una posición difícil. Tuvimos que desechar producto y no sabemos si podremos recuperar esas pérdidas”.
La Policía y el Ejército han reforzado la seguridad en la zona para prevenir futuros sabotajes, pero hasta ahora no se han reportado capturas relacionadas con los incidentes. Mientras tanto, las teorías sobre posibles motivaciones detrás de estos actos varían, desde disputas locales por el control de recursos hasta posibles intereses políticos o económicos más amplios.
Este panorama plantea preguntas inquietantes: ¿Quién se beneficia realmente de mantener al norte del Cauca en una constante inestabilidad? Aunque la evidencia actual apunta a la oposición de ciertos sectores de la comunidad al proceso de normalización eléctrica, la reiteración y sofisticación de los ataques sugiere que podrían existir otros intereses en juego.
La solución a este problema requerirá no solo identificar y sancionar a los responsables, sino también generar confianza entre las partes involucradas. La comunidad, la empresa y las autoridades deben trabajar conjuntamente para construir un entorno en el que las disputas puedan resolverse sin recurrir a la violencia o el sabotaje.
Mientras tanto, los habitantes de Miranda esperan respuestas y, sobre todo, garantías de que podrán contar con un servicio eléctrico estable que les permita retomar su cotidianidad. Lo que está en juego no es solo el suministro de energía, sino la posibilidad de superar las divisiones que hoy mantienen a la región sumida en la incertidumbre.
