A ocho años del acuerdo de paz con las FARC, Colombia enfrenta obstáculos significativos en la restitución de tierras prometida a las víctimas del conflicto, afectando a más de 600.000 personas que aún esperan compensación.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
En 2016, el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un histórico acuerdo de paz que, entre otros compromisos, incluía la restitución y redistribución de tierras a las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, ocho años después, el país enfrenta múltiples desafíos que han ralentizado este proceso, dejando a más de 600.000 víctimas en espera de compensación.
El gobierno del presidente Gustavo Petro se comprometió a adquirir 3 millones de hectáreas para distribuir entre las víctimas del conflicto. Hasta la fecha, se han adquirido aproximadamente 1 millón de hectáreas y se han formalizado 3,2 millones de hectáreas adicionales. A pesar de estos avances, el proceso ha sido más lento de lo esperado debido a diversos factores.
Entre los principales obstáculos se encuentran la presencia de bandas criminales y grupos armados en zonas rurales, lo que dificulta el acceso y la seguridad en las áreas destinadas a la restitución. Además, las limitaciones presupuestarias han restringido la capacidad del gobierno para adquirir y distribuir tierras de manera efectiva. La resistencia de algunos propietarios a vender sus propiedades también ha complicado el proceso, generando tensiones y retrasos adicionales.
Impacto en las víctimas del conflicto
La lentitud en la restitución de tierras ha afectado directamente a las víctimas del conflicto armado, muchas de las cuales fueron desplazadas de sus territorios y han esperado años para recuperar sus propiedades o recibir compensación. La falta de acceso a la tierra ha perpetuado condiciones de pobreza y vulnerabilidad, impidiendo que estas comunidades reconstruyan sus vidas y contribuyan al desarrollo rural del país.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, se han presentado más de 3.500 demandas solicitando la restitución de aproximadamente 300.000 hectáreas. Sin embargo, a principios de junio, jueces y magistrados de restitución habían proferido 538 fallos, resolviendo 1.204 solicitudes y ordenando la restitución de 1.056 predios, sobre un total de 28.792 hectáreas.
El gobierno ha reconocido la necesidad de redoblar esfuerzos para cumplir con los compromisos del acuerdo de paz en materia de restitución de tierras. Se han destinado recursos adicionales y se han implementado estrategias para acelerar el proceso, incluyendo la identificación de tierras aptas para la restitución y la simplificación de trámites administrativos. No obstante, la complejidad del proceso y los desafíos en el terreno requieren una coordinación efectiva entre las distintas entidades gubernamentales y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
La comunidad internacional también ha mostrado interés en apoyar a Colombia en este proceso. Organizaciones como el Banco Mundial han destacado la importancia de la restitución de tierras para la reconciliación y el desarrollo sostenible del país, ofreciendo asistencia técnica y financiera para fortalecer las capacidades institucionales y promover prácticas inclusivas en la gestión de tierras.
