La Fiscalía General de la Nación ha presentado evidencias sobre la adquisición del software espía Pegasus en el gobierno de Iván Duque, incluyendo transacciones financieras y vuelos sospechosos, lo que sugiere posibles interceptaciones ilegales a funcionarios judiciales y políticos.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar, El Liberal.
La Fiscalía General de la Nación ha dado a conocer avances significativos en la investigación sobre la presunta adquisición y uso del software espía Pegasus durante la administración del expresidente Iván Duque. Este programa, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permite la interceptación de comunicaciones en dispositivos móviles, lo que ha generado preocupación por posibles violaciones a la privacidad y derechos fundamentales en Colombia.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó la existencia de transacciones financieras que respaldan la compra de Pegasus. Según documentos proporcionados por autoridades israelíes, se registró una operación por 11 millones de dólares, con un primer pago de 5,5 millones en junio de 2021. Estos fondos habrían ingresado en efectivo a Israel, lo que ha levantado sospechas sobre el origen y legalidad de los recursos utilizados.
Además de las transacciones financieras, la Fiscalía ha identificado vuelos entre Tel Aviv y Bogotá que coinciden con las fechas de los pagos reportados. Estos vuelos, realizados en junio y septiembre de 2021, habrían transportado a representantes de NSO Group, incluyendo a Yehuda Lahav y Ran Gonen, quienes habrían participado en las negociaciones para la adquisición del software.
Investigaciones en curso y declaraciones de exfuncionarios
En el marco de la investigación, la Fiscalía ha entrevistado a 25 personas, entre ellas exfuncionarios del gobierno de Iván Duque y miembros de la Policía Nacional. Se espera que altos mandos policiales, como los generales Óscar Atehortúa y Jorge Luis Vargas, comparezcan para esclarecer su posible participación en la compra y uso de Pegasus.
La posible adquisición y uso de Pegasus en Colombia plantea serias implicaciones legales y éticas. El uso de software espía para interceptar comunicaciones sin autorización judicial vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión. Además, la utilización de recursos públicos para la compra de este tipo de herramientas sin los debidos controles y transparencia podría constituir delitos como malversación de fondos y abuso de poder.
Próximos pasos en la investigación
La Fiscalía ha manifestado su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Se espera que en las próximas semanas se realicen más entrevistas y se recopilen pruebas adicionales que permitan avanzar en el caso. La colaboración con autoridades internacionales, especialmente de Israel, será clave para obtener información sobre las transacciones y la participación de NSO Group en la venta de Pegasus a Colombia.
