Wálter Aldana Q.
Como un gran logro, el sector mayoritario del Congreso de la República celebra nuevamente el hundimiento de la “ley de financiamiento”, nombre con el que ahora se conoce la reforma tributaria.
Esta decisión se produce en una coyuntura político electoral que habrá de definir quién ocupará la Presidencia de la República y la nueva composición de la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
La decisión tiene el propósito de obstruir la acción del gobierno del Cambio, enterrando la iniciativa legislativa de consecución de recursos para superar el déficit del presupuesto para 2026. A la oposición política le interesa cerrar toda posibilidad de que el gobierno avance en sus políticas, sin importarle las consecuencias sobre las poblaciones que verán cómo la falta de presupuesto para la inversión social da al traste con las metas establecidas en el plan de desarrollo nacional como resultado de los talleres con carácter vinculante realizados al inicio del gobierno. No hay dinero para realizarlas.
Este comportamiento de las bancadas de oposición se explica, de un lado, por la defensa de intereses neoliberales, aperturistas y privatizadores de un sector de la oposición. De otro lado, por la actitud de otros congresistas que habiéndose hecho elegir con las banderas del Cambio o con ideas de justicia social, decidieron pasar a la oposición y negar toda iniciativa gubernamental.
Personajes como Paulino Riascos, senador por ADA, y María Angélica Lozano, senadora por el Partido Alianza Verde, han contribuido a hundir la ley de financiamiento, es decir, a negarle a la gente más humilde y de los territorios apartados el derecho a la inversión pública; con su actuación están favoreciendo que se acentúen más las “razones objetivas y subjetivas” para la presencia de los grupos armados al margen de la ley en los territorios.
En esta situación ha influido también el individualismo que ha ido tomando fuerza en los parlamentarios elegidos como parte del proyecto del Cambio, que se han alejado de una dinámica colectiva. Algunas y algunos representantes y senadores del Pacto Histórico han cedido a la arrogancia y la petulancia y se han creído que “la credencial de congresista es la que manda”, lo que ha dado como resultado la desazón y la división en varios territorios, entre ellos el Cauca.
Entonces, habrá que preguntarse si se está generando un fenómeno parecido al síndrome de Estocolmo, según el cual algunas personas con aspiración de ser elegidos parlamentarios asumiendo las banderas del apoyo a Iván Cepeda Castro como candidato del Pacto Histórico al solio de Bolívar, proyectan al tiempo repetir la tragedia de acompañar regionalmente a candidatas y candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales que luego han de votar en contra de las reformas que impulse el presidente Cepeda y su equipo de gobierno.
La reflexión final es básica, simple, como debe volver a ser el servicio público: “¿Votarás presidente alternativo y congresista tradicional, para que se atraviesen a las reformas del cambio?”.
