A 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia, Colombia aún enfrenta una dolorosa deuda de verdad y justicia. La toma demencial por el M-19 y la desproporcionada retoma estatal del 6 y 7 de noviembre de 1985 marcaron un punto de inflexión sangriento, dejando tras de sí un saldo de muertos y desaparecidos, y una persistente sombra de impunidad que se niega a cerrarse.
Han transcurrido cuarenta años desde los trágicos días del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia, símbolo de la democracia y la ley, se convirtió en el escenario de uno de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia reciente del país: la toma por parte del grupo guerrillero M-19 y la posterior retoma de la fuerza pública. Lejos de ser un recuerdo histórico cerrado, este aniversario confronta a la nación con una herida abierta marcada por la impunidad y la búsqueda incansable de la verdad.
Una tragedia anunciada y una respuesta desproporcionada
Los hechos que culminaron en el holocausto del Palacio de Justicia no fueron un rayo en cielo despejado. La tragedia, a la luz de los datos, era una tragedia anunciada. Las autoridades, e incluso la opinión pública, estaban al tanto de las advertencias y los indicios sobre las intenciones del M-19 de llevar a cabo una acción de alto impacto en la capital, buscando presuntamente forzar un juicio político contra el gobierno del presidente Belisario Betancourt.
A pesar de las señales, la respuesta del Estado colombiano fue, según lo indican los fallos y las investigaciones posteriores, desproporcionada y violenta. La decisión de ingresar al edificio de forma inmediata y contundente, con el uso de tanques de guerra, disparos indiscriminados y el inicio de un incendio que selló el destino de muchos, transformó el intento de toma guerrillera en una masacre. Magistrados de las Altas Cortes, empleados judiciales, visitantes y guerrilleros perdieron la vida en una jornada que se caracterizó por la anarquía, la improvisación y el olvido de la prioridad de proteger las vidas de los rehenes.
Las imágenes del edificio en llamas, consumiendo no solo la estructura física sino también miles de expedientes judiciales cruciales, simbolizaron el colapso de las instituciones y la primacía de la fuerza sobre la razón y el diálogo en un momento crítico de la historia nacional.
Cuatro décadas de impunidad y deuda con la verdad
Cuarenta años después, la justicia plena para las víctimas es una promesa incumplida. La impunidad persiste como el saldo más amargo de esta conmemoración. Si bien se han emitido algunas condenas contra altos mandos militares por su participación en crímenes asociados a la retoma, la realidad es que la mayoría de los responsables directos e indirectos de las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el marco de la operación de rescate, continúan sin rendir cuentas ante la justicia.
La toma y retoma del Palacio de Justicia no solo se saldó con un elevado número de muertes en el fragor del combate, sino también con el doloroso capítulo de los desaparecidos. Personas que salieron con vida del Palacio, en manos de la fuerza pública, y cuyo rastro se perdió, principalmente trabajadores de la cafetería y funcionarios judiciales que fueron erróneamente señalados como cómplices del M-19.
El eco de los disparos, el estruendo de los tanques y el olor a quemado siguen resonando en la memoria colectiva de Colombia.
El Mandato Incumplido de la CIDH y la Lucha de las Familias
La gravedad de los crímenes cometidos por agentes del Estado llevó al caso ante instancias internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió sentencias condenatorias contra Colombia, encontrando al Estado responsable por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas y ejecuciones. Sin embargo, a cuatro décadas de los hechos, las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos permanecen sin cumplimiento total. Los avances en la búsqueda de los desaparecidos están estancados, y el Estado colombiano sigue en deuda con las medidas de reparación integral y garantías de no repetición ordenadas.
En medio de esta densa niebla de impunidad, la memoria de las víctimas y la lucha incansable de sus familias son el motor que mantiene viva la exigencia de justicia y verdad. Hijos, hermanos y cónyuges de los magistrados, empleados y visitantes asesinados o desaparecidos han dedicado sus vidas a reconstruir el rompecabezas de aquellos días, a confrontar las narrativas oficiales incompletas y a buscar los restos de sus seres queridos. Su persistencia ha sido fundamental para que el país no olvide y para que se abran, aunque sea con extrema lentitud, algunos caminos judiciales.
Este cuadragésimo aniversario no es solo un acto de recordación, es un recordatorio de que los cimientos de la justicia de un país se cimientan en el esclarecimiento de su historia. El Holocausto del Palacio de Justicia es una cicatriz que no sanará completamente hasta que cada víctima tenga su nombre, su verdad y su justicia. La sociedad colombiana, y en particular las nuevas generaciones, tiene el deber de conocer, reflexionar y exigir que la deuda histórica sea saldada para evitar que la violencia y el olvido vuelvan a profanar el templo de la justicia y la democracia.
Saldos pendientes y el reto de la memoria
Verdad Histórica: Aún quedan por esclarecer plenamente los nexos y las motivaciones ocultas detrás de la toma, incluyendo la posible influencia del narcotráfico.
Desaparecidos: La ubicación y entrega de los restos de los once desaparecidos sigue siendo la máxima prioridad para sus familias y un deber irrenunciable del Estado.
Responsabilidades: El espectro de la justicia debe alcanzar a todos los responsables, tanto en la cadena de mando guerrillera como en la esfera militar y política de la época, que actuaron con exceso o negligencia. Paralelamente, la justicia ha sido enfática en señalar al M-19 como el autor principal del acto terrorista, condenando la toma de rehenes y el ataque al templo de la justicia, como lo han recordado recientemente presidentes de las Altas Cortes.
No Repetición: La mejor forma de honrar a las víctimas es garantizar que la institucionalidad colombiana jamás recurra a la violencia desmedida y que el diálogo sea el único camino para resolver los conflictos.
