Según el documento, a partir de las 18:00 horas de este martes se dio inicio al proceso de liberación, condicionado al repliegue de la fuerza pública durante un periodo de 72 horas, como medida para garantizar las condiciones mínimas de seguridad para la entrega. La comunidad local y los familiares de los secuestrados mantienen la esperanza de una pronta liberación y hacen un llamado a garantizar la vida e integridad de los retenidos.
A través de un comunicado emitido en la noche de este martes, el bloque Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc informó a la opinión pública que ha iniciado el protocolo para la liberación de los nueve contratistas de la Gobernación del Cauca que fueron secuestrados hace varios días, mientras se dirigían a una misión humanitaria en zonas rurales del departamento.
“A partir de hoy, a las 18:00 horas, iniciamos el protocolo para la liberación de los nueve funcionarios retenidos por las Farc-EP. Esperamos que la fuerza pública cumpla el compromiso de replegarse por 72 horas para así garantizar las condiciones mínimas de seguridad”, indica el comunicado.
Las personas secuestradas fueron identificadas como Eivar Alonso Guerrero Anaya, Sergio Andrés López Gómez, Angélica María Barona Maya, Leydi Rocío Guengue, Paola Andrea Maca Chávez, Mónica Alexandra Bambague, Manuela Caicedo Arango, María Elizabeth López y Elizabeth Yangana.
El grupo armado ilegal aseguró que los contratistas se encuentran en buen estado de salud y han recibido un trato adecuado durante su retención.
“Enviamos un mensaje a los familiares y amigos de los funcionarios y contratistas retenidos por nuestra organización: pese a los operativos que se desarrollaron en el área, están sanos y salvos, han sido tratados de la mejor manera posible y se les ha brindado todo lo necesario”, señalaron.
En el mismo comunicado, las disidencias responsabilizaron directamente al gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, y a la secretaria de Gobierno, Maribel Perafán, por lo que consideran una presunta instrumentalización de la misión humanitaria con fines militares.
“Lamentamos la instrumentalización de la Gobernación del Cauca. La máxima responsabilidad sobre la retención de los nueve funcionarios y contratistas reposa sobre el gobernador Octavio Guzmán y la secretaria de gobierno Maribel Perafán, al vincularlos a un proyecto de aprovisionamiento militar por más de $4.120 millones, que no corresponde con sus funciones”, añade el texto.
Las disidencias también expresaron su desconfianza frente a la decisión de la Gobernación de suspender el proyecto mencionado, y advirtieron que cualquier operación de rescate sin concertación previa será considerada una agresión.
“Aunque la Gobernación del Cauca en comunicación interna informa que ya no continuará con el proyecto de aprovisionamiento de tecnología militar, siguen existiendo las desconfianzas. En esta medida hemos determinado continuar con la verificación de cualquier funcionario o contratista que se desplace en la gobernación a las áreas de presencia y control de las Farc-EP. Cualquier operación de rescate sin protocolo deberá ser tratada como un acto de agresión”, concluye el comunicado.
Familiares de contratistas secuestrados claman por su liberación y piden cese de operaciones militares
Por otro lado y en medio de la incertidumbre que rodea el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca, las familias de los retenidos intensificaron sus llamados al Gobierno Nacional y a las autoridades para lograr la pronta liberación de sus seres queridos. Tras conocerse que las disidencias de las Farc iniciaron el protocolo de liberación, el clamor de sus allegados se mantiene vivo en las calles de Popayán, exigiendo garantías para su vida e integridad.
Desde que se conoció la noticia del secuestro, familiares, amigos, y ciudadanos solidarios han salido a marchar por diferentes sectores de la ciudad, reclamando justicia y rechazando categóricamente el uso de civiles en el conflicto armado. Los secuestrados, según explican sus familiares, no tienen relación alguna con actividades militares, sino que son profesionales encargados de implementar programas sociales dirigidos a las comunidades más vulnerables del Cauca.
“Todos son funcionarios y contratistas de la Secretaría de Gobierno, encargados de presentar los programas sociales del Estado ante las comunidades caucanas. No tienen ninguna responsabilidad en temas de defensa o seguridad”, manifestó uno de los voceros familiares durante una jornada de protesta.
José Enrique Urresty, esposo de Paola Andrea Maca Chávez —una de las profesionales secuestradas— lanzó un llamado desesperado al Gobierno Nacional, solicitando que se detengan las operaciones militares en la zona para no poner en riesgo a los retenidos.
“Un mensaje para el ministro de Defensa, Pedro Sánchez: que por favor detenga cualquier actividad militar en esta región, ya que ponen en gran peligro la vida de nuestros seres amados. También un llamado al comisionado de paz, Otty Patiño. ¿Dónde estás, Otty? No, no te vemos. Eres el comisionado de paz. Y al señor presidente de la República, para que por favor también nos acompañe. Necesitamos todo el acompañamiento institucional y de los ciudadanos para que nuestros familiares salgan adelante de este difícil momento”, expresó Urresty entre lágrimas.
Los testimonios de los familiares también ponen de relieve el compromiso social de los secuestrados con el desarrollo de las comunidades. Andrés Torres Yangana, hijo de la psicóloga Elizabeth Yangana Olivar, destacó la labor de su madre como lideresa social y funcionaria de planta en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento.
Sin embargo, el temor persiste entre los familiares, quienes insisten en que no se debe politizar ni militarizar una situación en la que hay vidas inocentes en juego. En este sentido, reiteran su llamado urgente al presidente Gustavo Petro, al comisionado Otty Patiño y al ministro de Defensa, para que garanticen una solución pacífica, humanitaria y con acompañamiento institucional.
Hasta el cierre de esta edición, ni el Gobierno Nacional ni la Gobernación del Cauca se habían pronunciado oficialmente sobre el anuncio del grupo armado. La comunidad local y los familiares de los secuestrados mantienen la esperanza de una pronta liberación y hacen un llamado a garantizar la vida e integridad de los retenidos.
Mientras tanto, Popayán y el Cauca mantienen su voz en alto: “¡Los queremos libres, los queremos vivos!”
