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Denuncia ciudadana permitió detectar detrimento por más de $3.600 millones en la Licorera del Cauca

La Contraloría General del Cauca atendió una denuncia ciudadana recibida el 25 de febrero de 2025, que alertaba sobre posibles irregularidades en la Industria Licorera del Cauca (ILC).

Adicionalmente, el informe final de denuncia arroja 20 hallazgos administrativos, 12 disciplinarios, 2 hallazgos penales y 9 fiscales, estos últimos corresponden a:

Irregularidades en la exportación de licor.

El hallazgo más relevante por $1.723.835.364 está relacionado con la venta de licor para exportación por parte de la ILC, sin cumplir con los requisitos legales exigidos, como la actualización del registro sanitario y el uso del etiquetado autorizado por el INVIMA. Aunque la Licorera contaba con registros válidos para consumo nacional, no gestionó a tiempo los necesarios para productos exportados.

Además, según facturas emitidas en julio y agosto de 2024, el licor se vendió antes de que estos registros estuvieran vigentes, lo cual también va en contra de la normatividad sanitaria. A esto se suma que el cliente al que se vendió el producto no tenía como actividad económica la comercialización de este tipo de licores.

Exceso en contratación sin respaldo presupuestal

Se detectó un posible detrimento de $120.390.172 en el contrato 004-2024, firmado en enero del año 2024 donde el monto pactado superó los límites establecidos para este tipo de patrocinios y no se encontró soporte presupuestal que justificara dicho aumento. También se evidenciaron inconsistencias entre los valores registrados en los documentos del contrato y en las facturas, con fallas que revelan debilidades en la planeación financiera y en el control del gasto.

Incumplimiento en convenios comerciales con distribuidores.

Otro hallazgo se relaciona con los incentivos comerciales entregados a distribuidores mayoristas. La resolución No. 0240 de 18 de abril de 2024 emitida por la Licorera, exigía que al menos el 2% de sus compras fueran en presentación Tetrapak, pero solo se adquirió el 0.54% de lo requerido. Aun así, la ILC otorgó incentivos por un valor de $1.503.663.408, lo que refleja deficiencias en la supervisión de los convenios y en la planificación de estrategias comerciales.

Adicionalmente, los auditores que adelantaron el trámite a esta denuncia encontraron que algunos establecimientos de comercio en Popayán recibieron productos de la Industria Licorera, a pesar de no cumplir con los compromisos firmados en los convenios de apoyo comercial. No se verificó si habían realizado las compras mínimas de licor ni se exigieron las facturas correspondientes lo que ocasionó un posible perjuicio económico por $27.326.743.

Hurto de licor por fallas de seguridad.

Otro hallazgo está relacionado con el hurto de licor por fallas de seguridad en el que se evidenció la pérdida de licor en la Bodega No. 2 del Parque Logístico del Cauca, confirmada mediante inventario el 26 de noviembre de 2024. El valor del producto hurtado asciende a $246.830.952

La situación se presentó por deficiencias en los sistemas de vigilancia, control de acceso, seguridad del lugar y supervisión de los contratos de custodia. Aunque se activaron los procedimientos legales y se presentó la denuncia ante la Fiscalía por parte de la entidad auditada, el caso revela debilidades en el manejo y protección del producto terminado de la Industria Licorera del Cauca.

Este informe demuestra el valor de la denuncia ciudadana como una herramienta clave para la protección de los recursos públicos. Gracias a la información aportada por la comunidad, y al trabajo riguroso de la Contraloría General del Cauca, fue posible identificar una serie de irregularidades que afectan directamente las finanzas de una entidad clave para el departamento.

Los hallazgos permitirán que la Industria Licorera del Cauca implemente acciones concretas para corregir las situaciones identificadas y evitar que se repitan. Por su parte este organismo de control fiscal compulsará copias a las autoridades competentes con el fin de que se adelanten las actuaciones necesarias para establecer las posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales frente a los hechos identificados.

De igual forma, la entidad iniciará los respectivos procesos de responsabilidad fiscal orientados a la recuperación de los recursos públicos que fueron comprometidos, reafirmando así su compromiso con la defensa del patrimonio de los caucanos y caucanas.

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