Desde la constitución de la Zona de Reserva Campesina La Tuna en 2022, la Agencia Nacional de Tierras ha enfocado sus esfuerzos en implementar el Plan de Desarrollo Sostenible, a través de la adjudicación de baldíos y la formalización de la propiedad para comunidades campesinas e integrantes de pueblos étnicos.
Para llegar al corregimiento El Descanse, en el municipio de Santa Rosa (Cauca), es necesario emprender un recorrido exigente que inicia en Mocoa, Putumayo, y continúa con una travesía de más de ocho horas a pie o, en el mejor de los casos, a lomo de caballo.
Hasta este apartado territorio llegó la Agencia Nacional de Tierras —ANT— llevando consigo la presencia del Estado y el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra. Tras la constitución de la Zona de Reserva Campesina La Tuna en 2022 (ZRC), en el municipio de Santa Rosa (Cauca), la Agencia ha concentrado sus esfuerzos en la implementación del Plan de Desarrollo Sostenible.
En este marco, ha avanzado en la adjudicación de baldíos a familias campesinas sin tierra y en la formalización de la propiedad privada para quienes ya ocupaban legalmente sus predios, fortaleciendo la seguridad jurídica, la productividad del territorio y el arraigo comunitario en esta zona priorizada para la Reforma Agraria.
Como resultado de este esfuerzo, se expidieron 35 resoluciones de adjudicación que convirtieron en propietarios a igual número de familias campesinas, garantizándoles el acceso a 396 hectáreas de tierra con potencial productivo. Paralelamente, la Agencia Nacional de Tierras formalizó la propiedad de otros 13 predios mediante la entrega de títulos a personas naturales, consolidando un nuevo avance hacia la equidad en el acceso a la tierra y la dignificación de la vida rural en esta región históricamente excluida.
“Es importante resaltar que en el Plan de Acción de Formalización de propiedad privada y titulación de baldíos 2025 se priorizó el municipio de Santa Rosa, en los corregimientos de Santa Marta y San Juan de Villalobos, para el cual se tiene como primeros resultados 80 levantamientos con 482 hectáreas”, precisó Diana Herrera, coordinadora de la Agencia Nacional de Tierras en el Cauca.
Además, agregó Herrera: “En San Juan de Villalobos se realizó actividad institucional de socialización y cartografía social, interviniendo las veredas La Florida, con 51 solicitudes, y San Eduardo, con 25 solicitantes; para el mes de julio están programadas las visitas a los respectivos predios”.
Igualmente, en el marco de la Mesa Interétnica e Intercultural del municipio de Santa Rosa, espacio que permitió la creación de la Zona de Reserva Campesina, se han llevado a cabo procesos de formalización de la propiedad colectiva, orientados tanto a la ampliación y constitución de resguardos indígenas como a la titulación colectiva de territorios para las comunidades negras.
Uno de los hitos más representativos de este esfuerzo es el reconocimiento del Título Colectivo del Consejo Comunitario “El Futuro de los Grandes Luchadores”, que abarca un área de 2.277 hectáreas y fue formalizado mediante resolución expedida el 31 de agosto de 2022, consolidando así el derecho de esta comunidad al territorio ancestral que habita y protege.
En el mismo contexto, se constituyeron tres resguardos indígenas: Suma Luiai, con un área de 15.588 hectáreas; Rigcharikuna, con 13.693 hectáreas; y Yanacona “Descanse”, con una extensión de 26.488 hectáreas.
Asimismo, La Agencia Nacional de Tierras llevo a cabo ampliaciones de resguardos indígenas ya existentes, entre ellos: el Resguardo Inga de San José de Descanse, con 2.745 hectáreas adicionales; el Resguardo Inga de Mandiyaco, con 14.862 hectáreas; y el Resguardo Yanacona de Santa Marta, con una ampliación de 12.487 hectáreas. Estos avances fortalecen el reconocimiento de los derechos étnicos sobre la tierra y consolidan una visión incluyente del ordenamiento territorial rural.
Ordenamiento territorial dialogado
La Zona de Reserva Campesina La Tuna ubicada en el municipio de Santa Rosa (Cauca), fue una de las primeras en ser constituidas durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante el Acuerdo 243 del 12 de diciembre de 2022. Este territorio, situado en la baja y media Bota Caucana, abarca un área de 176.150 hectáreas y beneficia a cerca de 2.900 campesinas y campesinos. Su reconocimiento oficial se llevó a cabo el 21 de abril de 2023 por parte del Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.
La ZRC es fruto de un proceso dialogado de ordenamiento territorial en el que comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas decidieron concertar el reconocimiento mutuo y la convivencia armónica en el territorio. A través de la delimitación de territorios étnicos —indígenas y afrocolombianos, y el reconocimiento de la territorialidad campesina, se construyó un acuerdo colectivo que permitió avanzar hacia un modelo incluyente de gestión territorial. En este contexto, la Mesa Interétnica e Intercultural de Santa Rosa (Cauca) se consolidó como el escenario de una consulta previa exitosa, desarrollada con un enfoque de diálogo intercultural que garantizó la participación efectiva de todos los actores.
Asimismo, la Zona de Reserva Campesina La Tuna hace parte de la estrella hidrográfica del Macizo Colombiano, al estar ubicada dentro de la macrocuenca Amazónica y la subzona hidrográfica del Alto Caquetá. Esta privilegiada ubicación le permite compartir múltiples afluentes que fluyen hacia tres grandes cuencas hidrográficas del país: el Alto Magdalena, el Caquetá y el Patía, lo que resalta su alto valor estratégico para la conservación de fuentes hídricas y el equilibrio ecosistémico regional.
Emblemática ZRC La Tuna en el Cauca
La historia de la Zona de Reserva Campesina La Tuna se remonta al año 2011, cuando las comunidades campesinas del municipio de Santa Rosa expresaron su oposición a la constitución del resguardo indígena Yanacona El Descanse y, acogiéndose a la Ley 160 de 1994, presentaron formalmente la solicitud para la constitución de una ZRC.
Durante los siguientes cuatro años, líderes y lideresas campesinas recorrieron 42 veredas del municipio realizando asambleas comunitarias para socializar el proceso, fortalecer el respaldo colectivo y avanzar en los trámites ante el Gobierno Nacional. Luego de ese ejercicio territorial, se vivieron cinco años más de diálogo, construcción de confianza y concertación entre los diferentes actores del territorio, consolidando así las bases de un proceso que priorizó el reconocimiento mutuo y la participación como pilares fundamentales del ordenamiento territorial.
Superada esta etapa, el proceso tomó un año adicional para consolidarse. En una gran asamblea de consulta, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas lograron un acuerdo histórico en torno a cuatro objetivos comunes: la defensa del territorio, la gestión conjunta del mismo, la paz y la convivencia, y la conformación autónoma de sus espacios territoriales.
“El discurso era entender que la lucha no era entre nosotros sino, al contrario, unirnos para garantizar los derechos de todos, trabajar para la constitución del consejo comunitario afro, el resguardo indígena y la Zona de Reserva Campesina, respetando la cosmovisión de cada uno”, concluyó, Guido Rivera, líder campesino del municipio de Santa Rosa, resaltando el espíritu de unidad que marcó este proceso dialogado de ordenamiento territorial.
