Por: Juan Camilo López Martínez
La crisis de seguridad que atraviesa el Cauca no es un fenómeno aislado ni resultado de una supuesta inacción de la Gobernación. Afirmarlo es no entender la dimensión del problema y mucho menos las causas de este. Estamos ante una crisis de orden nacional, consecuencia de la improvisada y fallida implementación de la paz total, que ha permitido la expansión y fortalecimiento de los grupos armados en regiones como el Catatumbo, Chocó, Arauca, Magdalena Medio y, por supuesto, el Cauca.
Los hechos recientes en El Plateado y Balboa evidencian la gravedad de la situación. La retención de policías, la ofensiva con explosivos que dejó militares asesinados y varios heridos, y el constante hostigamiento a la Fuerza Pública confirman lo que desde hace meses es evidente: los grupos armados han ganado terreno en gran parte del país.
Ante este panorama, el gobernador Octavio Guzmán ha alzado la voz con claridad y contundencia. Ha exigido una intervención real del Gobierno Nacional y ha planteado la necesidad de medidas estructurales para recuperar la seguridad en el departamento. No se trata solo de aumentar la presencia militar, sino de articular esfuerzos con los sectores sociales y económicos para avanzar en soluciones integrales que permitan una verdadera estabilidad territorial.
El Pacto Cauca, llegó como una de tantas promesas del gobierno nacional, pero más allá de reuniones y promesas, no ha habido acciones. No se puede postergar más la inversión en desarrollo rural, infraestructura y generación de empleo. Se requiere una estrategia que recupere el control institucional, que brinde alternativas económicas viables a las comunidades y que garantice la presencia efectiva del Estado más allá de operativos militares coyunturales.
Es inadmisible que, por cálculo político, algunos sectores eviten exigir al Gobierno Nacional la responsabilidad que le corresponde y las promesas incumplidas que le han hecho al departamento. El Cauca votó masivamente por Gustavo Petro, dándole una victoria absoluta tanto en el legislativo como en el ejecutivo. ¿Por qué, entonces, los representantes a la Cámara del Pacto Histórico en el departamento no lideran una exigencia clara al Gobierno Nacional? ¿Por qué, en lugar de rodear a la Gobernación en este momento crítico, algunos sectores buscan diluir responsabilidades?
La seguridad del Cauca no puede convertirse en rehén de los intereses políticos. Se requiere unidad y compromiso. Todos los sectores políticos, sociales y económicos del departamento debemos respaldar las exigencias del gobernador y presionar para que el Gobierno Nacional asuma su deber. No se trata de discursos ni de anuncios, sino de decisiones concretas que frenen el avance de los grupos armados y devuelvan la tranquilidad al territorio.
El Cauca no puede quedar solo. Quienes hoy callan o desvían la discusión deben preguntarse si están dispuestos a asumir la responsabilidad histórica de haberle fallado a departamento por miedo a incomodar al poder central.
