El CARF señala que el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 exigirá medidas de ajuste en ingresos o reducción de gastos equivalentes al 2,6% del PIB.
Por: Alejandro Zúñiga Bolívar.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que para que Colombia cumpla con la regla fiscal en 2025 será necesario un ajuste de al menos $46 billones, lo que equivale al 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el informe publicado el 17 de febrero de 2025, la situación de las finanzas públicas es frágil y requiere medidas estructurales urgentes.
En 2024, el déficit fiscal se ubicó en el 6,8% del PIB, cifra superior al 4,3% registrado en 2023 y al 5,6% proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Asimismo, la deuda pública ascendió al 60% del PIB, revirtiendo el proceso de consolidación fiscal observado entre 2021 y 2023. Si bien el gobierno ha afirmado que se cumplió con la regla fiscal en 2024, el CARF señala que este cumplimiento fue posible gracias a la aprobación de Transacciones de Única Vez (TUV) por parte del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) por un monto de $31,9 billones. Estas TUV, según el CARF, no contaron con su opinión favorable y su validez dependerá de que tengan efectos transitorios en los próximos dos años.
El informe también revela que en 2024 el recaudo tributario fue $71,2 billones menor a lo previsto en el Presupuesto General de la Nación. Este desajuste tendrá implicaciones fiscales persistentes en 2025 y en adelante, afectando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Para 2025, el gobierno ha proyectado un déficit fiscal del 5,1% del PIB y una deuda del 60,6%, aún por encima del ancla fiscal del 55% del PIB. De concretarse este escenario, Colombia completaría seis años consecutivos con déficits superiores al 4% del PIB.
El CARF considera improbable la meta de recaudo tributario del gobierno, que se estima en $299,9 billones. Según sus cálculos, los ingresos tributarios serían $34 billones menores a lo proyectado por el gobierno, lo que representaría un déficit adicional del 1,9% del PIB.
Adicionalmente, el CARF advierte sobre riesgos fiscales adicionales que podrían aumentar la presión sobre las finanzas públicas. Entre estos se encuentra un gasto comprometido, pero aplazado de 2024 a 2025, y la decisión sobre el salario mínimo, que generarían una presión fiscal adicional de $28,5 billones.
Otro factor de preocupación es el peso de la deuda pública. El pago de intereses previsto para 2025 implica que uno de cada tres pesos recaudados por impuestos deberá destinarse a cubrir este compromiso, reduciendo el espacio fiscal para el gasto social y la inversión pública. Esto, según el CARF, refuerza la necesidad de implementar medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
El gobierno ha anunciado que su estrategia para cumplir la regla fiscal en 2025 se centrará en un manejo eficiente de la liquidez y en una administración estricta de los pagos. Sin embargo, el CARF advierte que, dada la inflexibilidad del gasto público, estas medidas podrían resultar insuficientes. En su opinión, el camino más efectivo para corregir los desajustes fiscales es la implementación de un recorte presupuestal o la adopción de medidas para incrementar los ingresos permanentes.
El comité también señala riesgos en la estrategia de financiamiento del gobierno. La disponibilidad de caja en pesos al cierre de 2024 se situó en mínimos históricos de $3,6 billones, lo que podría generar presiones de liquidez en 2025. Además, el aumento en la oferta de títulos de deuda en un contexto de incertidumbre fiscal y altas tasas de interés podría dificultar las condiciones de financiamiento del país.
En este contexto, el CARF concluye que, sin medidas estructurales que estabilicen las finanzas públicas, la deuda pública seguirá en niveles elevados. Aunque el gobierno ha ratificado su compromiso de eliminar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el comité advierte que se requieren ajustes más amplios y sostenidos en materia fiscal.
Por último, el informe enfatiza la urgencia de que el gobierno adopte decisiones que permitan corregir el rumbo de las finanzas públicas y garantizar el cumplimiento de la regla fiscal en los próximos años. Sin estos ajustes, el país podría enfrentar dificultades para financiar su deuda y sostener sus compromisos de gasto en el mediano plazo.
