Juan Pablo Matta Casas
Las garantías electorales en el Cauca se están desvaneciendo, mientras el Gobierno Nacional, cómodo en su burbuja de retórica y excusas, guarda silencio o, peor aún, mira hacia otro lado. En esta región histórica y diversa, donde la democracia debería florecer como herramienta de transformación social, hoy lo que crece es el miedo, el control armado, la censura violenta y la renuncia forzada al derecho a elegir libremente. La organización electoral, la movilización política, el proselitismo y el voto están siendo secuestrados por estructuras criminales que imponen su ley con fusil en mano, mientras el Estado brilla por su ausencia.
El problema no es nuevo, pero lo que sí es nuevo (e inaceptable), es la inacción descarada del actual Gobierno. No existe un plan específico para proteger el proceso democrático en el Cauca. No hay una política pública para salvaguardar la vida y la libertad política de los caucanos. No hay una estrategia integral, ni siquiera un mapa de riesgos que se traduzca en decisiones contundentes. Lo único que hay es improvisación, discursos huecos y una peligrosa complicidad con la anarquía que se impone en los territorios.
En más de 30 municipios del Cauca, las elecciones no se pueden organizar con normalidad. La Registraduría tiene dificultades para garantizar siquiera la logística básica en zonas rurales controladas por disidencias de las FARC, el ELN o bandas armadas financiadas por el narcotráfico. Aún peor: los jurados de votación, los testigos electorales, los funcionarios públicos y los propios votantes temen por su integridad física. ¿Cómo hablar de democracia si ni siquiera se puede garantizar que la gente llegue viva al punto de votación?
La movilización política está prácticamente criminalizada por actores armados ilegales que no solo restringen la circulación, sino que deciden quién puede o no hacer campaña. ¿Dónde está el Ministerio del Interior? ¿Dónde está la fuerza pública? ¿Dónde está el Presidente de la República? Mientras candidatos son obligados a firmar pactos de silencio o a pagar extorsiones para entrar a sus propias comunidades, el Gobierno sigue hablando de “diálogo social” y de “desescalamiento de la violencia”, cuando lo único que se ha desescalado es la presencia del Estado.
Los candidatos que no se alinean con los intereses de los grupos armados son vetados, amenazados o expulsados. Las comunidades tienen miedo de asistir a reuniones políticas porque el solo hecho de escuchar una propuesta puede costarles la vida. Los medios comunitarios son silenciados. Los líderes sociales son asesinados. En lo que va del año, los ataques contra dirigentes sociales y políticos superan ya las cifras del año anterior. Y aún así, el Gobierno sigue sin mover un dedo. ¿Para quién trabaja entonces el poder central? ¿Para la ciudadanía o para quienes siembran el terror?
Los grupos armados coaccionan el voto, reparten instructivos a las comunidades, amenazan con represalias a quienes “se equivoquen” al elegir. El miedo es la única papeleta válida en muchas regiones del departamento. No hay garantías mínimas de secreto, de seguridad ni de libre elección. Y ante eso, ¿qué ha hecho el Gobierno Petro? Nada. Ni un solo despliegue serio, ni un plan nacional para enfrentar el problema estructural, ni una línea de acción contundente para recuperar el control de la democracia en el suroccidente del país.
Permitir que regiones enteras sean tomadas por mafias armadas, que las elecciones se conviertan en una farsa y que el voto se ejerza bajo amenaza, es una amenaza directa al orden constitucional. Y el Presidente de la República, en lugar de actuar con firmeza, ha reducido las capacidades de la fuerza pública, ha desmotivado a los militares y policías, ha desmontado estructuras de inteligencia, y ha debilitado las operaciones territoriales. En nombre de la paz total, ha entregado el país por pedazos.
Hoy el llamado no es a la complacencia. Es a la acción. Es a exigir, con toda la fuerza ciudadana, garantías reales para el Cauca. El voto libre debe ser defendido con la misma fuerza con la que se defiende la soberanía nacional. Y si el Gobierno Nacional no lo hace, el pueblo caucano tiene derecho a levantar su voz y exigirlo con toda la firmeza que la dignidad impone.
