FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
El evidente “bloqueo institucional” a las propuestas del Ejecutivo lo ha impelido a reaccionar con trancazos jurídicos, que interpretan acomodaticiamente la normatividad vigente. Así lo prueban los intentos del gobierno de realizar una Consulta Popular/Asamblea Nacional Constituyente sin cumplir los requisitos establecidos, acudiendo a dispositivos de presión legítimos y de facto encaminados a lograrlas: tarimazos presidenciales, manipulación de masas, plantones, movilizaciones, protestas pacíficas, marchas, obstrucción de vías, manifestaciones, “cabildos abiertos”, “decretazo”, “octava papeleta”, etcétera.
Petro, quien se autodefine “revolucionario”, fantasea con que por haber obtenido el poder político como representante de la “voluntad popular” está facultado para imponer su Programa de Gobierno, olvidando que fue electo presidente de Colombia mediante sufragio universal. Al posesionarse, juró respetar la Constitución Política/normatividad nacional. ¡De ahí sus yerros/malinterpretaciones constitucionales, para cristalizar su proyecto de “cambio”! Como quiera que la institucionalidad exige acatamiento al statu quo; sumisión a las estructuras/ reglamentaciones/procedimientos formales, etc.; para implementar sus planes gubernativos, tiene que activar inevitablemente nuevas estrategias políticas tendentes a adaptarlos a las circunstancias cambiantes y optimizar sus posibilidades de éxito. En mi criterio, todos los reformismos eternizan la supervivencia del capitalismo, dilatan su agonía. Ergo, la modificación genuina de tal régimen reclama ¡FUERZAS REVOLUCIONARIAS TRANSFORMADORAS!, para implantar un orden innovador al servicio de las grandes mayorías. ¡La historia instrumentará la forma organizacional imprescindible para ello!
Instaurar la Paz ha sido uno de los objetivos más reivindicados por el petrismo. Infortunadamente, la improvisación del gobierno ha constituido el principal obstáculo para su fracaso. Pasar de esta sentida expectativa a la Paz Total, significó transitar ¡DE LO REALIZABLE A LO ILUSORIO! La razón fundamental es intelegible: heterogeneidad de grupos armados violentos con disímiles orígenes, bases sociales, intereses contrapuestos, formas organizativas, ámbitos de operación –local, nacional, internacional-, finalidades –económicas, terratenientes, delictivas-, etc.
En reciente discurso ante su gabinete/autoridades nacionales (3/07/2025), Petro aseveró que “en Colombia no hay guerrillas, existen grupos criminales”, afirmación que ha reiterado desde 2023. En base a esta conjetura, instituir la Paz se simplifica sustancialmente porque la circunscribe a ¡eliminar organizaciones delincuenciales! -rurales/urbanas-, que despliegan actividades de amplio espectro. Dicho de otra forma, consolidado el narcotráfico entre la insurgencia –finales de los 90-, tal fenómeno giró bruscamente su pretensión políticorevolucionaria original –“toma del poder para el Pueblo”-, mutándola en control y dominación de territorios y poblaciones para extender sus quehaceres criminodinámicos –cultivos vetados/procesamiento/comercio, minería ilegal, tráfico de armas, prohibición de exportar fauna/flora/madera, trata de personas, mercado de drogas de diseño, robo/contrabando de gasolina, etcétera-.
Conforme a UNODOC en Colombia hay 250 mil hectáreas cultivadas con coca (2025), superficie que, potencialmente, nos coloca como principal productor mundial de cocaína. Del zopenco Trump/gobierno USA podemos esperar una contundente descertificación en la “lucha contra las drogas” y la suspensión total de la “cooperación” financiera/técnica/militar. A lo antedicho, adicionemos el arancel a nuestras exportaciones (10%), el impuesto a las remesas (1%) despachadas desde EE.UU. y las retaliaciones de la Casa Blanca, por las declaraciones de Petro sobre un “complot” urdido en su contra por el secretario de Estado.
Ciudadano Petro: sazonada su presunción de los “grupos criminales”, la compleja coyuntura nacional/internacional es óptima para gestionar el marco jurídicopolítico para erradicar el narcotráfico, sojuzgar la criminalidad, activar la “Paz Total” y solicitar la colaboración global. Concretarlo inmediatamente podría beneficiar sus propósitos pacificadores/reformistas; o, contrariamente, enterrar los anhelos de progreso y Paz de los colombianos. Céntrese en pocas metas alcanzables, entre ellas la PAZ simple y llana; UNIFIQUE los talentos de mujeres/hombres alrededor de un programa de gobierno viable, orientado hacia la resolución de las necesidades reales del país.
La fórmula para enfrentar los “grupos criminales” es elemental, por cuanto NO cuestionan la legitimidad del poder del Estado, pero con sus transgresiones lo desestabilizan/alejan del cumplimiento de sus deberes fundamentales. Su obligación es combatirlos jurídicopolítica y militarmente; expedir el corpus legal necesario y fortalecer las fuerzas/operaciones castrenses, para eliminarlos en campos y ciudades; ejecutar políticas de Pax Romana, reduciéndolos y doblegándolos. Como quiera que NO hay lugar a negociación alguna, se impone ¡someterlos!, vía expedición de un estatuto de sujeción de bandas criminales a la justicia, que muy seguramente aprobaran el Legislativo/Judicial, el cual debe contemplar como mínimo: i- desmovilización; ii- interrupción de actividades delictivas; iii- desmantelamiento de grupos criminales; iv- desarme; v- entrega de bienes corporales/incorporales; vi- reparación de víctimas; vii- penas/beneficios; viii- colonias agrícolas/cárceles talleres, para readaptación y reinserción social; ix- medidas restaurativas; x- verdad/verificación.
Ciudadano Presidente: Usted y su equipo consultor han dado muestras fehacientes de renovada creatividad constitucional. Descargue otro trancazo jurídico, pero en esta ocasión honre los requerimientos legales. Presente la iniciativa de sometimiento ante el Congreso que, dada su importancia, será revisada y refrendada por la Corte Constitucional. Para lograrlo, ¡debe ajustar a su favor la correlación de fuerzas en el Legislativo/Altas Cortes!
