Por: Juan Camilo López Martínez
El reciente episodio de alerta naranja por la emisión de ceniza del volcán Puracé nos recuerda, una vez más, la fragilidad de nuestra región frente a los riesgos naturales. Este fenómeno, que ha puesto en riesgo a comunidades cercanas, evidencia las falencias en la gestión del riesgo en nuestro departamento. No se trata únicamente de la capacidad de respuesta ante la emergencia, sino de la ausencia de un enfoque preventivo e integral que contemple todas las fases establecidas en la gestión del riesgo, mediante la Ley 1523 de 2012.
La normativa es clara: la gestión del riesgo de desastres no solo implica la atención a emergencias, sino también la identificación, evaluación y reducción de riesgos. Sin embargo, las oficinas de gestión del riesgo, en la mayoría de los municipios y el departamento, han sido relegadas a actuar únicamente como cuerpos de reacción inmediata. ¿Qué ha pasado con el conocimiento del riesgo y las acciones para su mitigación? ¿Dónde está el trabajo constante para identificar las amenazas, socializar los planes de contingencia y educar a las comunidades?
El caso del volcán Puracé no es aislado. Estamos rodeados de riesgos potenciales: inundaciones, deslizamientos, sismos, entre otros. Sin embargo, la gestión pública sigue enfocándose en apagar incendios -literal- en lugar de invertir tiempo, recursos y capacidades en prevenirlos. Esta visión limitada no solo va en contravía de la ley, sino que también nos expone a consecuencias cada vez más graves.
Por otro lado, la falta de recursos sigue siendo un obstáculo recurrente. Pero más allá de la escasez presupuestal, hace falta liderazgo. Es imperativo contar con funcionarios que asuman la vocería de la gestión del riesgo, que visibilicen constantemente los desafíos y necesidades de nuestro departamento ante el Gobierno Nacional, y que actúen como verdaderos gestores públicos. Su labor no debe limitarse a momentos de crisis, sino que debe estar enfocada en generar una cultura de prevención.
La gestión del riesgo debe ser concebida como un componente transversal de la política pública. Esto implica incorporar acciones preventivas en los planes de desarrollo municipales y departamentales, fortalecer las capacidades técnicas de las oficinas de gestión del riesgo y priorizar la articulación interinstitucional para garantizar que cada amenaza identificada sea abordada de manera oportuna.
La alerta del volcán Puracé nos deja una enseñanza clara: es hora de pensar más allá de las emergencias. Necesitamos un cambio de mentalidad que permita a nuestras instituciones liderar un modelo de gestión del riesgo verdaderamente integral, en el que la prevención y la mitigación ocupen el lugar que merecen. No podemos seguir esperando a que las cenizas cubran muchos municipios para actuar
Popayán y el Cauca demandan una gestión del riesgo que no solo responda, sino que anticipe y proteja.
