Julián Andrés Caicedo Ortiz
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), concebido como una estrategia para erradicar los cultivos de coca en Colombia mediante la sustitución voluntaria y el desarrollo alternativo, ha mostrado serias deficiencias en su implementación. A pesar de los esfuerzos gubernamentales, los resultados recientes indican un aumento significativo en las áreas cultivadas con coca y una persistente inseguridad en regiones críticas como el Cauca, especialmente en municipios como Argelia, Tambo y todos los municipios que componen la llamada Región del Naya y el Cañón del Micay.
Gloria Miranda, desde que asumió la dirección del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), ha centrado su gestión en implementar estrategias para la erradicación voluntaria de cultivos de coca, ofreciendo incentivos económicos a las comunidades campesinas. En el más reciente Consejo de Ministros televisado, Miranda anunció un plan para sustituir cerca de 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, ofreciendo pagos mensuales de 1.280.000 pesos durante un año a los campesinos que se sumen al programa.
A pesar de estos esfuerzos, los resultados han sido limitados. En 2024, la erradicación forzada de cultivos ilícitos en Colombia alcanzó su nivel más bajo en una década, con solo 9.403 hectáreas erradicadas, muy por debajo de la meta establecida de 10.000 hectáreas. Además, según datos de la Policía Nacional, las hectáreas cultivadas con coca aumentaron de 230.500 a 253.000. Este incremento sugiere que las estrategias implementadas hasta la fecha no han logrado reducir significativamente la producción de coca en el país.
La estrategia de Miranda enfrenta desafíos significativos, incluyendo la falta de un marco legal que permita al gobierno comprar o invertir en áreas con cultivos ilícitos y la reciente subida de precios de la coca en el mercado ilegal. Además, expertos señalan la dificultad de garantizar la asistencia técnica necesaria para que los campesinos adopten cultivos alternativos como el café o el cacao, cuyos primeros rendimientos se dan en tres años. Estos factores limitan la efectividad de los programas de sustitución y perpetúan la dependencia de las comunidades en la economía ilícita.
Según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC, desde el 2023 Colombia ha alcanzado récords históricos con 253.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que representa un incremento del 10% progresivo en 2023 y 2024. Este aumento se ha concentrado en departamentos como Cauca, Chocó, Putumayo, Norte de Santander y Nariño. Además, la producción potencial de cocaína pura se incrementó en un 53%, estimándose en 2.664 toneladas. Y lo más preocupante es que 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento, incluido el Cauca.
Este panorama refleja la ineficacia del PNIS en alcanzar sus objetivos. Uno de los factores críticos es la falta de alternativas económicas viables para las comunidades rurales. La ausencia de infraestructura adecuada, mercados accesibles y proyectos productivos sostenibles ha llevado a los campesinos a mantener o retornar al cultivo de coca como medio de subsistencia. La promesa de desarrollo alternativo no se ha materializado en muchas regiones, generando desconfianza hacia las instituciones y desincentivando la participación en programas de sustitución.
La situación en Argelia, Cauca, es emblemática de estos desafíos. Finalizamos la semana con 29 miembros de la Fuerza Pública “secuestrados” por el frente Carlos Patiño, una disidencia de las FARC, en la zona de El Plateado, instrumentalizando a la población civil por medio de amenazas y coacción. Este incidente subraya la fragilidad de la seguridad en la región y la capacidad operativa de los grupos armados ilegales. La presencia de estos actores armados dificulta la implementación de programas gubernamentales y perpetúa un ciclo de violencia y economía ilegal.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas que evidencian la crítica situación de seguridad. La Alerta Temprana de Inminencia 004-2025 advierte sobre el alto riesgo que enfrentan las comunidades del noroccidente rural de Popayán debido a la posible expansión del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), una disidencia de las FARC. Esta expansión podría conducir a un control territorial que afectaría negativamente a la población civil. Además, en enero de 2025, la Defensoría reportó 409 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes ocurridos en 2024, lo que refleja la grave vulneración de derechos humanos en la región.
Con este escenario, es imperativo replantear la estrategia nacional frente a los cultivos ilícitos. Se requiere un enfoque holístico que integre el desarrollo rural sostenible, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la seguridad. La inversión en infraestructura, educación y salud es fundamental para ofrecer alternativas reales a las comunidades. Asimismo, es necesario promover la participación activa de las comunidades, no de familias, en la toma de decisiones y garantizar que los programas se adapten a las particularidades de cada región.
En conclusión, el fracaso del PNIS en la erradicación de los cultivos de coca en Colombia evidencia la necesidad de una revisión profunda de las políticas actuales. La situación en el Cauca, y particularmente en municipios como Argelia, destaca la urgencia de implementar estrategias integrales que aborden las causas estructurales del problema y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones más afectadas. Solo a través de un compromiso genuino y sostenido se podrá avanzar hacia la construcción de una estabilidad social con un nuevo orden social y económico, donde el desarrollo sostenible de las comunidades rurales sea el objetivo primario
