Juan Pablo Matta Casas
La reciente crisis en El Plateado, corregimiento del municipio de Argelia en el departamento del Cauca, ha puesto de manifiesto la complejidad y persistencia de los conflictos armados en Colombia. El secuestro de 29 miembros de la Fuerza Pública por parte de las disidencias de las FARC resalta la fragilidad de la seguridad en la región y la urgente necesidad de abordar las causas subyacentes de la violencia.
El 6 de marzo de 2025, en El Plateado, 27 policías y 2 militares fueron secuestrados por el frente Carlos Patiño, una disidencia de las extintas FARC. Este grupo, que opera en el Cañón del Micay, una zona estratégica para el narcotráfico, ha mantenido una presencia significativa en la región, a pesar de los esfuerzos del gobierno por retomar el control territorial.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció la brutalidad del ataque y el secuestro, señalando que los disidentes no solo reclutan forzosamente a menores, sino que también coaccionan a la población civil para expulsar a la Fuerza Pública. Este incidente subraya la capacidad de estos grupos para desafiar la autoridad del Estado y mantener su influencia en áreas rurales.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 004-2025 el 17 de febrero de 2025, advirtiendo sobre la expansión territorial del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA), disidencia liderada por ‘Iván Mordisco’, hacia la zona rural del noroccidente de Popayán. Esta expansión podría afectar negativamente a la población civil en los corregimientos de Los Cerrillos, Las Mercedes, Santa Rosa, La Meseta, La Yunga, El Tablón, El Charco y Cajete.
La conexión entre la situación en El Plateado y la alerta emitida para Popayán es evidente. Ambas regiones enfrentan la amenaza de grupos armados que buscan expandir su control territorial, afectando la seguridad y bienestar de las comunidades locales. La presencia de estos grupos en áreas estratégicas para el narcotráfico y otras economías ilegales dificulta la implementación de políticas gubernamentales y perpetúa ciclos de violencia y pobreza.
La alerta temprana advierte sobre riesgos de reclutamiento forzado de menores, desplazamiento forzado, homicidios selectivos y amenazas contra líderes sociales. Este panorama es reflejo de un problema estructural que persiste en el Cauca: la disputa territorial entre actores armados ilegales y la falta de presencia efectiva del Estado en las zonas rurales.
El presidente Gustavo Petro ha reiterado la estrategia del gobierno sobre la erradicación voluntaria de cultivos de coca, señalando que este sería el principal motivo detrás de la instrumentalización de los campesinos por parte de las disidencias. Sin embargo, la implementación de estas políticas enfrenta desafíos significativos debido a la falta de coherencia y capacidad de ejecutar que tiene el gobierno.
El Estado colombiano ha fracasado en la consolidación de una presencia institucional efectiva en estos territorios. A pesar de múltiples planes de seguridad y desarrollo rural, los habitantes de El Plateado y otros corregimientos del Cauca siguen atrapados entre la violencia y la falta de oportunidades económicas.
No hay empleo formal, no hay acceso a educación de calidad y el sistema de salud es precario. En estas condiciones, el narcotráfico y la ilegalidad se convierten en las únicas opciones para muchas familias.
La crisis en El Plateado y la alerta en Popayán son recordatorios contundentes de los desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz y la estabilidad. La expansión de los grupos armados no es solo un problema rural; tiene consecuencias directas en las ciudades, donde el crimen organizado y la inseguridad urbana también se fortalecen.
El humo de El Plateado ya se ve en Popayán. La expansión de los grupos armados ilegales pone en riesgo la seguridad de la capital caucana y sus alrededores. Si el Estado sigue sin actuar con contundencia, el conflicto escalará y afectará cada vez más territorios.
Abordar estas situaciones requiere un compromiso sostenido del gobierno nacional y para implementar soluciones integrales que aborden las causas profundas del conflicto y promuevan un desarrollo equitativo y sostenible en las regiones afectadas. De lo contrario, la violencia continuará avanzando sin freno, arrastrando consigo a más comunidades en un conflicto sin final aparente.
