El Consejo de Estado y el necesario límite al abuso de la alocución presidencial

La reciente decisión del Consejo de Estado de prohibir la transmisión de los Consejos de Ministros por canales privados de televisión marca un hito en la defensa del pluralismo informativo y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Este fallo responde a una acción de tutela presentada por una ciudadana que alegó la vulneración de su derecho a la información, al verse obligada a consumir contenido oficial sin alternativas durante horarios de alta audiencia.
Desde febrero, el presidente Gustavo Petro instauró la práctica de transmitir en vivo las reuniones de su gabinete, ocupando espacios en la programación de canales privados y regionales. Aunque presentada como un ejercicio de transparencia, esta medida se convirtió en una herramienta de difusión unilateral, donde el mandatario exponía extensos monólogos sin un debate real ni resultados concretos.
El Consejo de Estado, al analizar la situación, concluyó que estas transmisiones vulneraban el derecho al pluralismo informativo, al imponer una única visión oficial y restringir el acceso a una programación diversa . Además, recordó que la figura de la alocución presidencial debe reservarse para situaciones de urgencia o interés nacional, no para la difusión regular de reuniones gubernamentales.
Es fundamental reconocer que en una democracia, los medios de comunicación privados no deben ser obligados a transmitir contenido gubernamental, especialmente cuando existen canales públicos destinados a tal fin, como Señal Colombia y Canal Institucional. La utilización de los medios privados para difundir mensajes oficiales sin justificación clara recuerda prácticas de regímenes autoritarios, donde se busca controlar la narrativa pública y limitar el debate plural.
Hay que decir entonces, que esta decisión judicial que restablece el equilibrio entre el derecho del gobierno a comunicar sus acciones y el derecho de los ciudadanos a acceder a una información diversa y libre. Es un recordatorio de que la transparencia no se logra mediante la imposición, sino a través de mecanismos que respeten la autonomía de los medios y la inteligencia del público.
En el contexto del departamento del Cauca, donde la diversidad de opiniones y la participación ciudadana son esenciales para la construcción de paz y desarrollo, este fallo refuerza la importancia de mantener espacios informativos abiertos y variados. Es un paso adelante en la consolidación de una democracia donde el poder se ejerce con responsabilidad y respeto por las libertades fundamentales.
La transparencia gubernamental es vital, pero debe ejercerse con respeto por los principios democráticos y sin coartar la libertad de elección de los ciudadanos. El Consejo de Estado ha recordado al Ejecutivo que la comunicación institucional no puede convertirse en propaganda obligatoria.
Es momento de que el gobierno reflexione sobre sus estrategias de comunicación y busque formas más efectivas y respetuosas de informar a la ciudadanía, promoviendo un diálogo abierto y constructivo que fortalezca nuestra democracia.