FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO
He recibido algunos comentarios en pro y otros en contra de mis últimas columnas –el lector está en su derecho y a eso se expone quien opina-, lo cual refleja parcialmente el contaminado aire político que respiramos. Jamás he pretendido ser verdad incuestionable. Sin embargo, las críticas razonadas, cuando se fundamentan en argumentos consistentes, me obligan a recapacitar y rectificar mis consideraciones. Escribo textos congruentes, con sentido lógico y significado comprensible, de forma que puedan orientar responsablemente a los lectores, obviamente en consonancia con mis valores, convicciones y concepción ideológica. No lo hago para satisfacer a nadie, ni por contrato, ni para halagar inmerecidamente. Lo hago porque me viene en gana, porque creo necesario contribuir a liberar de la oscuridad a quien lo desee, porque me satisface examinar/proponer soluciones a problemas que nos afectan como sociedad.
La confianza de los leyentes en informaciones suministradas por los medios tradicionales impresos y digitales, ha sido sustituida por las mentiras de las redes sociales, sobresaturadas de “influencers” alquilados que, sin ética alguna, revelan “verdades” que, en el subfondo, tergiversan la realidad y no descubren la naturaleza de los fenómenos/cosas. Lo antedicho se evidencia en el periodismo político, por cuanto los influenciadores NO son periodistas sino activistas, pagados para hacer publicidad a causas non sanctas. Mi compromiso es con la verdad, la justicia y la equidad.
Hay quienes se molestan porque insisto en cuestiones poco o mal estudiadas. En plurales ocasiones me he referido al establecimiento de la Paz Total y su fracaso reiterado, pues desconoce que su contrario dialéctico NO es la Guerra, sino la Unidad de talentos masculinos/femeninos, el liderato colectivo de mujeres/hombres en condiciones pariguales, en torno a un programa viable que permita construir una democracia real. Otros, se mortifican porque les recuerdo que la manipulación de muchedumbres por adalides es irresponsable, porque las arrastra irreflexivamente hacia objetivos inciertos en los que la masa sustituye al individuo –recordar el 9 de abril de 1948, desencadenante de la violencia que hoy impera-. En fin, se fastidian porque critico la utilización de políticas/medios inadecuados para lograr metas concretas, suponiendo erróneamente mi apoyo a “posiciones de derecha”. ¡Vaya simpleza de entendimiento!
Quienes sostienen torpemente que la de Petro es la “primera administración de izquierda pura”, ignoran nuestra historia. Lo antecedió, el General José María Melo, quien, contrario a la imagen mitológica creada por el M19-Petro, no tuvo ancestros indígenas; ni fue el último oficial del ejército libertador; ni tampoco fue el primer Presidente aborigen de Colombia. Encabezó un golpe militar (1854), apoyado por comerciantes/artesanos/fuerzas castrenses, que desconocieron la Constitución de 1853 –“progresista”, al decir de expertos constitucionalistas-; pretendió defender al gobierno de Obando; instauró una “dictadura” y fue derrocado por las “élites”; desterrado, se unió en México al ejército revolucionario de Benito Juárez; herido, fue hecho prisionero y asesinado en 1860 (“José María Melo, los artesanos y el socialismo”. Gustavo Vargas Martínez, Planeta editorial, Bogotá, 1998).
También lo precedieron los gobiernos “radicales” del Siglo XIX (1863/1886), presididos por Manuel Murillo Toro, Miguel Samper, Salvador Camacho Roldán, Manuel Ancizar, Aquileo Parra, Santiago Pérez, Aníbal Galindo, grupo de intelectuales/ideólogos/orientadores de opinión que abordaron asuntos como la organización del Estado; elección de autoridades mediante voto ciudadano; derechos individuales y garantías sociales; gobierno federalista; libre cambio; reorganización del sistema educativo. Su rasgo distintivo consistió en un “gran esfuerzo por incorporar al país al mundo moderno”, conforme al reconocido historiador Jaime Jaramillo Uribe.
Igualmente, lo antecedieron los gobernantes de la República Liberal (1930-46), caracterizada por “reformas modernizantes”, que ocasionaron tensiones con sectores conservadores y la iglesia católica. Fueron Presidentes, durante ese período, Enrique Olaya Herrera (1930-34), Alfonso López Pumarejo (1934-38 y 1942-45), Eduardo Santos (1938-42) y Alberto Lleras Camargo (1945-46). Sus principales modificaciones se centraron en la economía, infraestructura, educación y política, con el fin de renovar el país y promover la justicia social. Cabe destacar el gobierno de López Pumarejo, por sus esfuerzos para implementar las reformas constitucional -1936-, agraria –Ley 100- y laboral –organización sindical-, y la democratización de la educación pública. ¡Las anteriores alusiones, rebaten contundentemente la falacia que se quiere institucionalizar!
Entre otras verdades, expreso, brevemente, por haberlo hecho anteriormente in extenso, que es improbable construir una sociedad menos desigual mientras se impulsen políticas de redistribución sin ejecutar, simultáneamente, directrices de crecimiento económico. Hablar de “decrecimiento”, en un país pobre, como Colombia, con una tasa de ingreso per cápita anual del 2.5%, es un contrasentido. Superar la pobreza –Vgr., China-, toma tiempo/generaciones, sin que sea suficiente aumentar medio millón de cupos universitarios. Los recursos públicos deben orientarse hacia actividades potencialmente productivas, evitando malversarlos en
actos intrascendentes. Es inevitable reordenar las finanzas públicas, con la finalidad de que el gasto se ajuste a los ingresos estatales y pueda mermarse el déficit fiscal. El costo de vida –inflación- calculado para diciembre de 2025 será de 4.8%, por encima del 3% señalado por las autoridades. La junta del Banrepública debería disminuir la tasa de interés a corto plazo para aumentar el crecimiento económico/empleo y evitar que la excesiva flexibilidad fiscal, la inestabilidad política nacional y las tensiones geopolíticas mundiales, socaven la tasa de cambio e intensifiquen los incrementos inflacionarios.
La triunfadora “reforma laboral” significa una mejora importante para la “aristocracia sindical” y las clases trabajadoras organizadas, pero muy poco representa para los 13 millones de “informales” (+60%, DANE 2025) que no cotizan a pensión/salud, no tienen vivienda propia, ni pueden educar sus hijos, ni satisfacen sus necesidades básicas indispensables. ¡NI QUE DECIR DE LOS MILLONES DE CAMPESINOS POBRES! –sin derechos/prestaciones laborales, sin tierra, sin crédito, sin educación, sin servicios públicos, SIN NADA!, pero que nos dan de comer a los citadinos. ¡ABOMINABLE! Dicha reforma fue una conquista del pueblo organizado, de sus movilizaciones, de su “presión” ante las mayorías congresales reaccionarias, de las amenazas del “Gobierno del Cambio” de convocar una “consulta popular”, una “asamblea nacional constituyente”. ¡Si cualesquiera de las afirmaciones antedichas son falsas, tienen justificada razón para refutarlas!
